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La Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo reunida ayer sin la presencia del director general.
La patronal aplaude el plan policial contra la economía sumergida

La patronal aplaude el plan policial contra la economía sumergida

Coepa y Cepyme tildan de «buena noticia» que el cuerpo autonómico vigile talleres clandestinos, aunque ayer no se pudo firmar el convenio al no comparecer el Ministerio

Bernat Sirvent

Jueves, 19 de enero 2017, 01:33

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Los empresarios de la provincia, por boca de los presidentes de las dos grandes patronales, Coepa y Cepyme, aplaudieron ayer el plan de la Conselleria de Economía Sostenible y Empleo para que el Ministerio de Trabajo autorice a la Policía Autonómica en misiones especiales para controlar y atajar la economía sumergida. Después de varios meses de peticiones por parte del departamento que dirige Rafael Climent, el Ministerio dio su 'placet' hace un mes e incluso se puso fecha fija, ayer, para la firma del convenio. Sin embargo, el director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Sacristán, no compareció, pese a estar previsto el acto hace varias semanas.

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, y la directora general de Trabajo, Cristina Moreno, lamentaron ayer que el Gobierno esté «ralentizando con su ausencia» la firma del convenio para que la Policía Autonómica se implique directa y jurídicamente contra la economía sumergida. Ayer se celebró la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la asistencia de todos los agentes sociales, y solo faltó el director general de la Inspección de Trabajo en Madrid, José Sacristán, así como el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues. Según Nomdedéu, estaba acordada la fecha de la firma del convenio hace ya un mes. La idea es que los agentes policiales que dependen de la Generalitat puedan actuar en colaboración estrecha con los inspectores de Trabajo.

Fue el jefe del Consell, Ximo Puig, el que lanzó la iniciativa de que la Policía Autonómica incorporara a sus atribuciones la lucha contra la economía sumergida. Y lo hizo el pasado verano en Les Corts. El Gobierno aceptó tras varios «meses de negociación en una reunión mantenida en Madrid con la directora general de Trabajo, Cristina Moreno, según explica la Conselleria. «Hoy hemos perdido una gran oportunidad para que las dos Administraciones avancen en un acuerdo que permita dotar de más recursos humanos para combatir esa lacra», en alusión a la economía sumergida, tan presente en las comarcas alicantinas vinculadas a casi todos los sectores industriales, en especial el calzado, como reflejan las actuaciones, año tras año, de la propia Inspección laboral que dirige José María Gutiérrez en Alicante.

Los dirigentes empresariales de la provincia manifiestan su satisfacción porque ese acuerdo finalmente cristalice con el Ministerio. «Me parece que cualquier medio legal contra la economía sumergida beneficia a toda la sociedad y, por supuesto, a los empresarios que pagamos impuestos y que sufrimos competencia desleal por los que no contribuyen», explica Francisco Gómez, presidente de Coepa. El titular de Cepyme, Cristóbal Navarro, usa similar argumento y apostilla que «está bien que colabore ese cuerpo policial, pero para visitar y descubrir talleres y centros de trabajo clandestinos, no los legales».

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