El Consell quita el embalse a la Junta para «controlar el uso de contadores»

El Gobierno valenciano, a través del director general del Agua y excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, Manuel Aldeguer, justificó ayer, en el seno de la Comisión Provincial del Agua de la Diputación de Alicante, la reversión del embalse del Toscar, en Monóvar, y de otras tuberías del postrasvase Júcar-Vinalopó a la titularidad pública en dos argumentos básicos. El primero, que el acto administrativo que realizó el exconseller de Agricultura, José Ciscar, «es nulo de pleno derecho»; el segundo tiene que ver con estrechar el control en el uso de los contadores que realiza la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja después de que Aldeguer denunciara la apertura de dos expedientes de investigación y sanción por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar a dos comunidades de regantes, una de ellas de Elche.

Si algo sobresalió desde prácticamente el principio hasta el final de la reunión presidida por el titular de la Diputación, César Sánchez, fue el tono bronco de la cita, con un cruce dialéctico de reproches mutuos entre Manuel Aldeguer y el presidente de la Junta Central, Andrés Martínez Espinosa, si bien la Comisión Provincial del Agua decidió finalmente, como ya anticipó este diario el viernes, arropar las alegaciones para que la propiedad y la gestión de embalse y la tubería vuelvan a manos de los regantes organizados desde el año 2003.

Aldeguer desveló que la CHJ ha abierto dos expedientes por supuestas irregularidades en el consumo por parte de sendas comunidades dentro de los 5 millones de metros cúbicos que llegaron al Vinalopó desde el Azud de la Marquesa, en la cola del río Júcar. Tras la reunión, precisó que las dos comunidades han sido sancionadas por el organismo hídrico y trató de defender la retirada de la propiedad a la Junta Central en que «en cualquier momento hay que garantizar que vaya la Guardia Civil para comprobar si se han alterado los contadores». Aldeguer incluso llegó a decir que «así se pueden prevenir posibles corrupciones en millones de metros cúbicos, pues el control de contadores es fundamental».

Fue incluso más allá el representante del Consell en pleno choque de trenes entre éste y la Diputación a cuenta del decreto de turismo y deporte, las competencias impropias en política social o el controvertido fondo de cooperación local. Aldeguer llegó a afirmar que, de mantenerse la propiedad del postrasvase por la Junta Central, «podría comportar el reproche penal». Más tarde, aclaró que se refería a que los regantes que suscribieron en su día con el exconseller Ciscar la cesión del Toscar «podrían estar cometiendo un delito de cohecho, pues es un patrimonio de derecho público que supondría un daño, por cederlo a particulares, de 40 millones de euros». No acabaron ahí las advertencias de Aldeguer. Aseguró que el trasvase Júcar-Vinalopó «se hizo con finalidad ambiental, para recargar los acuíferos de Villena, y no para modernizar los regadíos, por lo que podría pedir la UE el retorno de los fondos públicos invertidos».

El director del Agua cree que avalan sus argumentos cinco informes de la Abogacía de la Generalitat, que dictaminan que «el embalse es dominio público de la Generalitat». Además, asegura que la cesión «es un acto administrativo nulo de pleno derecho, al no haberse informado previamente a los interesados ni a nadie». Cree que el debate ahora abierto por la Junta «no es la gestión, que se hace de forma interesada, sino la propiedad».

Los argumentos de Aldeguer, a la espera de que la Conselleria responda las alegaciones, quedaron en saco roto. Por 23 votos a favor y solo 6 en contra, salió adelante la propuesta de la comisión técnica reunida el viernes para que la Comisión del Agua arropara a los regantes. El presidente de la misma y de la Diputación, César Sánchez,destacó que «desde la Diputación siempre vamos a estar al lado de los regantes y entendemos que no se puede tomar ninguna decisión en materia de agua sin contar con ellos, porque son los principales actores, los que se juegan su patrimonio y nosotros como Administración tenemos la obligación moral de estar a su lado», sentenció César Sánchez.