El Consell anuncia que derribará casas ilegales construidas a partir de 2014 en la Comunitat

Esa será la primera misión de la nueva Agencia de Protección del Territorio que se ha establecido en Elche y que por ahora tan sólo cuenta con 30 funcionarios: derribar todas las casas, chalets y propiedades ilegales levantadas a partir de 2014. La pregunta es precisamente la que le hacían los vecinos al responsable del área: ¿Cuándo? Pues para eso no tuvo respuesta, porque dijo que no hay plazo marcado, dado que será según el tipo de la vivienda y localización, García Nebot dijo ayer en un encuentro organizado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat que incluso podrían hacerse cuando ya no residan o fallezcan los dueños.

Lo cierto es que esta nueva agencia quiere enmendar un problema generalizado en esta región que afecta a comarcas y a ciudades enteras, como a la propia Elche, Llíria, Buñol o Burriana, entre algunas que han sido noticia por este motivo.

La intención no es sólo la de acabar con estas construcciones ilegales sino con una práctica habitual, dado que la mayoría se levantan en suelo no urbanizable con el consentimiento tácito de las administraciones locales, puesto que para tener servicios básicos deben contar con el apoyo de los Ayuntamientos.

Precisamente por ello, desde el Consell se establece que aquellas viviendas que sean anteriores a 2014 podrán regularse previo pacto con la administración. El mismo director general reconocía que la culpa de la proliferación de estas construcciones sin licencia es compartida entre administraciones locales, la autonómica y los infractores.

«Lo que antiguamente en los años 80 era hacerse una pequeña casa al lado del huerto para ir los domingos a hacer la paella y ampliarla poco a poco, sin mucho miramiento en dónde y cómo se hacía, a partir de los 90 y después se convierte en un 'todo vale' sin tener en cuenta el impacto de estas casas en esos entornos; hay auténticas barbaridades».

Como el objetivo es reducir el impacto ambiental, se salvarán del derribo aquellas en las que los propietarios acepten el coste de minimizar el impacto que tienen en el entorno en el que están, con la instalación de depuradoras, alcantarillado, etc.

Aún así, la tarea es complicada para una agencia que acaba de nacer. Y que pretende ponerse a tirar casas abajo. Sin embargo, y pese a estar aún escasa de dotaciones, que es lo que se viene reclamando desde algunos sectores como el de la construcción, los técnicos de urbanismo y también los promotores, hay cerca de 200 ayuntamientos de la Comunitat que ya se han ofrecido a prestar sus servicios a esta agencia. «Ellos serán nuestros ojos, junto con la Policía Local y la Guardia Civil, para poder detectar las viviendas ilegales, necesitamos su colaboración para poder hacer frente al problema», aseguró García Nebot.

Su intención, dijo, es mostrar mano dura para que no se construyan más viviendas de este tipo. Aún así, aún queda mucho para ver caer estas casas. Constructores, arquitectos y técnicos lo que demandan es que sea independiente de las administraciones locales y ayuntamientos. El director de esta agencia es el ex alcalde de Llíria, Manuel Civera, una de las más afectadas por las construcciones ilegales.