La Audiencia crea un protocolo para resolver en 2 días los conflictos de tráfico

Magro muestra las líneas maestras del protocolo, ayer. /
Magro muestra las líneas maestras del protocolo, ayer.

El presidente del órgano, Vicente Magro, reúne a los colegios de abogados, médicos y una treintena de aseguradoras para mediar antes de acabar en los tribunales

LUIS CANDELAAlicante

La reforma del Gobierno del Código Penal de Mariano Rajoy podría dejar la jurisdicción de civil más allá del colapso. La despenalización de las faltas de tráfico supondría para los juzgados alicantinos un aluvión de 7.500 asuntos en la provincia, según los datos facilitados ayer por la Audiencia Provincial de Alicante. Sin embargo, ante este nuevo panorama, ese mismo órgano judicial ha dado con una tecla para abordar el problema: la mediación.

El presidente de la sede provincial, Vicente Magro, presentó ayer un protocolo «pionero» en este país con el que dejar en «como máximo dos días» procedimientos que se podrían prolongar entre un año y medio y dos años.

La solución propuesta por Magro para los conflictos de tráfico, en los que un particular ha de recibir una indemnización por parte de las aseguradoras, involucra a médicos, abogados, procuradores y a las propias compañías. Hasta ahora, la reforma entrará en vigor a partir del 1 de julio, los afectados podían interponer una denuncia por la vía penal que el Ejecutivo central ha eliminado.

Por ello, a partir de dicha fecha, los ciudadanos que no vean satisfechas sus reclamaciones con las aseguradoras tras sufrir un accidente deberán iniciar un procedimiento civil. Esta opción, con la situación de desbordamiento que sufren los juzgados, se traduce en un «costoso», como lo definió Magro, camino de casi dos años y por el que el demandante no tiene las de ganar, como apuntó ayer el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.

El edificio de la sede judicial acogió una reunión con 28 aseguradoras y representantes del los colegios de abogados de Alicante y Elche (también participan los de Orihuela y Alcoy), así como el de procuradores y el de médicos de la capital para poner en común el protocolo elaborado desde la Audiencia Provincial. El objetivo es poder arreglar las pretensiones de las partes con el asesoramiento de un facultativo.

Al médico corresponderá la tarea de dar por buenos o no los informes que presente el lesionado y, si lo hubiese, el de la aseguradora para verificarlos y señalar si las demandas económicas del accidentado se ajustan a la realidad.

Entretanto, un abogado o procurador formado en mediación y especializado en asuntos de tráfico hará de nexo para que la negociación llegue a buen puerto. Precisamente, el Congreso de los Diputados registró la semana pasada una enmienda del proyecto de ley de reforma del baremo para las indemnizaciones por siniestros al volante que promueve la mediación.

Mientras tanto, Vicente Magro adelantó que se van a poner en marcha en Elche y Alicante sendos cursos para la formación de mediadores en materia de tráfico en el mes de septiembre para que, cuando en noviembre arranque del todo el nuevo Código Penal, «ya tengamos en la provincia experiencia suficiente» para abordar esta problemática, como explicó el presidente el magistrado.

Se trata de la implantación de un sistema que tiene un gran arraigo en los modelos de Justicia anglosajones, donde impera «la mentalidad del acuerdo» en lugar de la «del enfrentamiento». Magro señaló que de este modo se acude a los tribunales «como última solución», con lo que todas las partes «se ahorran costes», incluso la Administración.

A su vez, el presidente de la Audiencia recordó la buena marcha de los cursos de reeducación para infractores de tráfico, donde se ha conseguido un porcentaje de éxito «del 100 %», mientras que en reeducación del maltratadores alcanza el 93 %.