Sánchez Luna niega que se beneficiara económicamente al adjudicar los telecentros

El exregatista olímpico y exconcejal del ayuntamiento de Alicante del PP Francisco "Kiko" Sánchez Luna ha negado que se haya beneficiado económicamente ni tampoco a terceros en la adjudicación de unos telecentros, pese a que Anticorrupción le pide 5 años y medio de cárcel al creer que cometió irregularidades.

Así lo ha afirmado en la primera de las tres sesiones del juicio que se sigue contra él, su hermano Jacobo y media docena de personas más en un caso en el que la fiscalía Anticorrupción le acusa de utilizar empresas interpuestas a favor de una mercantil en la que los hermanos Sánchez Luna tenían intereses.

En la época en que ocurrieron los hechos, en 2009, el exregatista olímpico era concejal de Modernización de Estructuras Municipales por el PP e impulsó la instalación de varios telecentros por la ciudad con un presupuesto de 627.000 euros, de los cuales son objeto del juicio unos 24.000 destinados a rotulación y cartelería.

Durante la vista en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante y en contestación a su abogado, Sánchez Luna ha afirmado que "en absoluto" ha cobrado "ninguna" cantidad como consecuencia de los contratos que ha adjudicado en el ayuntamiento ni tampoco que lo haya hecho a favor de su hermano o terceros.

Sobre el contrato de la cartelería de los telecentros, presupuestados inicialmente en unos 17.000 euros aunque al final se encareció a 24.000, Sánchez Luna ha manifestado que aprobó "el presupuesto mejor" de los dos que le presentaron (de la mercantil "CTM") a partir de los criterios del plazo de ejecución y del importe, que era menor.

Sin embargo, la investigación apunta que CTM estaba relacionada con la empresa "Información y Sistemas de Datos SL", cuyo administrador único era Jacobo Sánchez Luna y donde figuraba como apoderado el propio concejal del PP.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, Kiko Sánchez Luna ha mantenido que su hermano Jacobo solía "crear" empresas y que le nombraba apoderado sin llegar a decírselo en muchas ocasiones, con el único propósito de que le pudiera realizar alguna gestión si se hallaba de viaje.

De hecho, el exregatista y exconcejal ha explicado que su hermano le hizo apoderado de un total de 7 mercantiles, a pesar de lo cual "jamás" hizo gestión alguna para ellas ya que a lo único que se dedicaba en esos años era a su labor en el ayuntamiento y a ser armador de un equipo de regatas.

"Yo no tenía que ver en esas sociedades y no había intervenido jamás. Había olvidado que era apoderado y no tenía conciencia de estar ahí", ha recalcado ante el tribunal.

Sobre la adjudicación en sí, Sánchez Luna ha relatado que pidió a su asesor en la concejalía, Santiago Colomo, otro de los acusados, que buscara empresas para la cartelería.

Además, ha añadido que desconocía que la mercantil que eligió "con naturalidad", por tener un presupuesto "más económico y por ser el que más beneficiaba al ayuntamiento", estaba relacionada, a través de un tercero -también procesado-, con su hermano y con "Información y Sistema de Datos SL".

Del mismo modo, ha comentado que debido a que no tenía ninguna función en las empresas donde le incluía su hermano, un tiempo después de las adjudicaciones decidió renunciar ante el registro mercantil de las facultades de apoderado de las que disponía.

La fiscalía solicita para Sánchez Luna cuatro años y medio de prisión por un presunto delito de falsedad en documento oficial, otro más por cohecho y una inhabilitación para empleo o cargo público por 8 más por presunta prevaricación, además de una multa de 10.320,81 euros.

En declaraciones a los periodistas antes de entrar al juicio, Sánchez Luna ha afirmado que llega para "dar explicaciones".

"Estoy absolutamente convencido de mi inocencia. Mi confianza en la Justicia es absoluta y estoy convencido de que las cosas van a salir perfectamente bien", ha declarado.

Sánchez Luna, campeón olímpico en la clase 470 de vela en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, fue concejal de Alicante de 2007 a 2011 cuando entró en una lista encabezada por el exalcalde popular Luis Díaz Alperi, actualmente imputado en la rama del caso Brugal relativo a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.