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El empresario imputado, Enrique Ortiz, abandona los juzgados de Alicante junto a su abogado, Francisco Ruiz Marco.

Ortiz le dice al juez que es habitual tener detalles con personas conocidas

El empresario acusado de corromper a funcionarios y políticos para sacar adelante el plan Rabasa niega que los cargos públicos le pidiesen regalos para beneficiarle

Luis Candela

Sábado, 31 de enero 2015, 00:37

La presencia de Enrique Ortiz se hizo notar a las puertas del Palacio de Justicia de Alicante. A las diez de la mañana lo había citado el instructor del 'caso Rabasa', pues la investigación de la causa, al igual que otras tantas que se desprenden del 'caso Brugal', lo sitúa como el presunto corruptor que hacía y deshacía a su antojo en el Ayuntamiento de la capital alicantina. Para sorpresa de muchos, el magnate optó por responder a preguntas del titular de Instrucción 6, Juan Carlos Cerón, así como al representante de la Fiscalía Anticorrupción, y aseguró que obsequiar con detalles a personas conocidas era una práctica de los más habitual.

Así lo confirmó su letrado, Francisco Ruiz Marco, quien adujo además que dicha forma de proceder «no constituye ningún delito». El abogado presentó al industrial como un honrado empresario capaz de dar empleo a 2.000 personas en una época tan cruda. El constructor anduvo menos comunicativo de lo acostumbrado fuera, pero sí mucho más en la sala de interrogatorios del juzgado. Allí aseguró que su tarea consistía en «estar detrás» de los cargos públicos relacionados con el plan Rabasa, según indicaron fuentes judiciales.

En el 'macroplan' urbanístico Ortiz había invertido 85 millones de euros, preveía construir 13.000 viviendas junto al futuro centro comercial de Ikea y, con el paso del tiempo, «los intereses corrían y se incrementaban». Sin embargo, sus tejemanejes para acelerar la tramitación del plan parcial no los abordó en el transcurso de su relación de amistad «normal», como él mismo la calificó, con la entonces alcaldesa del PP, Sonia Castedo, imputada por prevaricación y tráfico de influencias, y también con su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi.

Éste último no ha de rendir de momento cuentas ante el juez, ya que estimó el sobreseimiento de su imputación. Sin embargo, el dueño del Hércules CF admitió que en octubre de 2008 gestionó con el sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, Vicente Cotino, el alquiler de un avión privado para que Alperi regresase a Valencia desde Oporto.

Allí se encontraba con Castedo -por aquellas fechas, edil de Urbanismo- en viaje a oficial para conocer las instalaciones de Ikea. Pese a ello, al final no fue necesaria la intercesión de Ortiz. En cuanto a la relación, que iba más allá de lo institucional, dijo que se fue degradando desde la decisión de Alperi de dejar la primera línea política. Sobre este aspecto, el juez Cerón ha ordenado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indague con mayor profundidad para aclarar, por ejemplo, por qué tratándose de un desplazamiento oficial, Castedo se lo pagó de su bolsillo, como ella misma declaró.

Mientras, y en la línea del resto de imputados, el empresario no quiso responder a preguntas de las acusaciones populares que ejercen Esquerra Unida, cuya denuncia motivó la reapertura de las actuaciones, ni del PSPV-PSOE. El letrado de EU, José Luis Romero, se mostró sorprendido por algunas de las afirmaciones de Ortiz. Lo que más le llamó la atención es que ayer declaró ante el juez que había perdido dinero con la venta de suelo a Ikea. El togado de la acusación popular volvió a lamentar que no se reprodujesen los 'pinchazos' intervenidos por la UDEF para contrastar sus respuestas. Romero sostuvo que la comparecencia del presunto corruptor «no arrojó luz» sobre las presuntas irregularidades.

Aun así, el magistrado y el fiscal Anticorrupción volvieron a preguntar sobre el lujoso bolso que le entregó a la jefa del servicio jurídico de Urbanismo, Isabel Campos, quien en su declaración del pasado jueves dijo que lo devolvió al día siguiente de recibirlo. Ortiz admitió haber hecho el regalo, aunque no le constaba que la funcionaria se lo hubiese devuelto. La Policía recogió una suculenta conversación entre ambos en el que ella le agradecía el detalle.

El yate

Sobre otro regalo, el yate presuntamente entregado al exdirigente socialista Blas Bernal, Ortiz aclaró que atribuyó la propiedad del barco a Bernal en una conversación telefónica con un tercero que se lo pidió prestado porque no quería dejárselo.

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