Un juzgado investiga ya la presunta estafa de una firma de motos eléctricas

Un juzgado investiga ya la presunta estafa de una firma de motos eléctricas

Admiten a trámite la denuncia del industrial que acusa a Vicente Navarro de apropiarse de 100.000 euros y a su hermano, diputado del PP, de ser el mediador

LUIS CANDELA

Un juzgado de instrucción de la ciudad de Alicante ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por un empresario contra Vicente Navarro por apropiarse presuntamente de 100.000 euros de la empresa de motocicletas y bicicletas eléctricas en la que el hermano del popular Juan de Dios Navarro actuaba como gerente. La acusación también se dirige contra el diputado autonómico del PP, al que acusan de actuar como supuesto mediador con ayuntamientos y organismos afines para colocar los productos de la firma.

De este modo, arranca la instrucción por una presunta estafa y delito societario denunciados por el industrial creador de la firma de motocicletas y bicis eléctricas. No obstante, el denunciante sostiene en su escrito que la contraprestación solicitada por Navarro para poner en órbita en las esferas de ayuntamientos y organismos públicos, sobre todo de signo popular, requería de la cesión de acciones al hermano del popular, asumir la dirección y una inversión por parte del empresario de 100.000 euros que, a día de hoy, no ha podido recuperar pese a los requerimientos.

Un capital que el denunciante asegura haber cedido por las «falsas expectativas de negocio», como señala en la denuncia, generadas por Vicente Navarro. Pese a ello, los buenos resultados económicos no llegaron en ningún momento, según recoge el escrito que obra ya en manos del juez que investiga estos hechos para su esclarecimiento. El industrial del sector eléctrico asegura que tuvo que aportar hasta un traje y constantes aportaciones en metálico sin que se le presentasen las cuentas de los libros de contabilidad por la facturación.

Mientras tanto, el diputado autonómico del PP ya se refirió a este asunto preguntado con anterioridad y aseguró no mantener relación alguna con la empresa, pues, según dijo, su vinculación con la empresa privada tan solo se encuentra con una firma de exportación e importación valenciana. No obstante, la acusación del industrial le implica como el supuesto mediador para situar la marca en el ámbito público, por lo que el juzgado deberá discernir la cuestión del aforamiento de Navarro por el escaño que ocupa en Les Corts tras la renuncia de Luis Díaz Alperi por su imputación en el 'caso Brugal'.

Si decidiese llamarlo como imputado, lo más probable es que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia debería hacerse cargo de la instrucción. No obstante, el Alto Tribunal valenciano opta por que se realice parte de la investigación en los juzgados de origen antes de remitirlo a Valencia, según indicaron las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Además, por medio está la compra de trece vehículos por parte del Ayuntamiento de Santa Pola, gobernado por el PP, que adquirió hasta 15 motocicletas eléctricas para la Policía Local y que desembolsó 13.000 euros por su compra, un dinero que quedó en el limbo de la sociedad. Y es que, siempre según la denuncia, el montante no llegó a quedar registrado en los libros de la mercantil.

Vehículos «falsos»

El mismo juzgado que va a coordinar las pesquisas para esclarecer lo ocurrido con el industrial que ha denunciado al hermano del aforado popular se encargará también de dirigir la investigación en torno a la presunta fabricación falsa de motos y bicicletas en la nave del parque industrial de Alicante.

La Guardia Civil irrumpió en las instalaciones el pasado 3 de diciembre de 2013 después de que uno de los distribuidores de la marca de Ávila denunciase una presunta falsificación de los vehículos. En concreto, el denunciante asegura que el trabajo realizado en Alicante consistía en modificar algunos elementos de vehículos comprados a otras marcas y ponerles el anagrama de la firma investigada para luego venderlos por 500 euros o más.

De demostrarse, las ganancias obtenidas de manera fraudulenta por la presunta falsificación en la marca podrían superar el millón de euros. El Instituto Armado detuvo a un empleado y al administrador único de la mercantil investigada, al que se le acusa en esta denuncia de ser un «hombre de paja».

El dispositivo se inició a raíz de una denuncia de un distribuidor de Ávila, por lo que un juzgado se hizo cargo de la instrucción del caso. La investigación se sigue en una docena de provincias, ya que la sociedad cuenta con unos 40 distribuidores.