Tibi aprueba una ordenanza para regular los permisos urbanísticos del municipio

La concejala del partido local AIDU, Julia Cartagena, afirmó que la ordenanza lleva años «dando vueltas y no se ha acabado de sacar«. Así pues, la edil recordó que fue durante la legislatura de 2011-2015 cuando se propuso por primera vez , aunque el equipo redactor del proyecto de la urbanización Finca Terol presentó unas alegaciones, por lo que »se quedó sobre la mesa«.

Durante los cuatro años siguientes, Cartagena aseguró que fue el Partido Popular quien proclamó durante su campaña que iba a llevarla adelante, sin embargo, no llegó a pleno. Fue el pasado 27 de abril cuando presentaron el trámite a consulta pública, lo que permitió conocer la opinión de las partes más implicadas, además de escuchar sus sugerencias y observaciones.

Por ello, la concejala aseguró que «creemos que es una ordenanza que va a facilitar y mejorar el trabajo de los técnicos, clarificando todo tipo de actuaciones, con sus modelos de solicitud, hasta ahora inexistentes«. El escrito también incorpora la normativa sobre minimización de impacto en suelo no urbanizable, una minimización que podría llevarse a cabo tanto de manera individual como colectiva.

Cartagena añadió que el objetivo es «solucionar una problemática, anclada ya en el pasado«, aunque habrá distinciones entre urbanizaciones que dependen de distintas situaciones. En el caso de Finca Terol, la aprobación del Plan Parcial supone que la solicitud de la licencia de ocupación esté sujeta a esta, pues la ordenanza es inferior, mientras que el resto de conjuntos de viviendas, como es el caso de Pinares de Mecli, podrán solicitar la licencia de ocupación cumpliendo una serie de requisitos técnicos »y algún requisito jurídico«, unos requerimientos que pasan por un sistema de depuración y otro de abastecimiento de agua, además de tener acceso a luz, lo que Cartagena tildó de «fundamental» para habitar una casa.

Desde la oposición, la edil popular María Begoña García, afirmó que «no entendemos que se trate a cada urbanización de una forma» y calificó de «injusticia« que los vecinos de Terol que ya tienen inscrito en el registro las cargas de urbanización tengan que poner dinero para el aval.

Más tarde, desde la cuenta en redes sociales de AIDU, una publicación afirmaba que la voluntad es «buscar una solución, dentro de la legalidad, a fin de acabar favoreciendo al mayor número de vecinos y vecinas de ese municipio«.