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Carlos Cruzado, presidente de Gestha: «La mayor parte del fraude es de grandes empresas y fortunas, no del 'con o sin IVA'»

Carlos Cruzado, presidente de Gestha, en las instalaciones de la Agencia Tributaria en Valencia. :: damián torres
Carlos Cruzado, presidente de Gestha, en las instalaciones de la Agencia Tributaria en Valencia. :: damián torres
  • El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda reclama más medios y que amplíen sus competencias para controlar los grandes focos de evasión fiscal

La Agencia Tributaria (AEAT) ha puesto el foco en las grandes fortunas, con intención de vigilarlas más de cerca para evitar una posible ocultación de patrimonio. Desde Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, respaldan sus planes pero reclaman una reestructuración de la institución y dotar de mayores competencias a la plantilla para poder lograr esos objetivos.

¿Qué análisis realizan de la situación actual, cuáles son los principales problemas a nivel fiscal?

Es necesario hacer una reforma completa del sistema fiscal para abordar dos problemas fundamentales: la falta de suficiencia, no se está recaudando lo necesario para abordar todos los gastos de mantenimiento del estado de bienestar, y la inequidad fiscal, que cerca del 90% de los ciudadanos piensa que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene. Y muy relacionado con ambos, está el problema de la economía sumergida y el fraude fiscal.

Sus datos sobre el fraude son alarmantes, ¿es cierto que el 90% de la evasión fiscal no se detecta?

Sí, lo son. Lo que se deja de recaudar está por encima del 75%, no sólo a la vista de nuestro último informe sobre economía sumergida, todos los informes sitúan la economía sumergida entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) y eso significa que se dejan de recaudar cerca de 80.000 millones cada año.

¿Se puede acabar con el fraude?

Acabar con la economía sumergida al 100% es una meta podría decirse que imposible pero acercarnos a los países de nuestro entorno, que están casi en la mitad de esas cifras, se puede conseguir. Hay que tener voluntad política, dotar de medios a las administraciones tributarias y articularlas para luchar, sobre todo, contra las grandes bolsas de fraude.

¿La clave son las grandes empresas y, de ahí, que Hacienda quiera estrechar el cerco en ese ámbito?

Hay un problema grave en relación con las grandes fortunas y grandes empresas. El ministro Montoro aludió al diferencial de tipo efectivo que pagan las grandes corporaciones, en torno al 7% sobre su beneficio contable, con respecto al 14% que pagan las pymes, y tenemos un grave problema de recaudación. Todavía no estamos al nivel de 2007, y ese diferencial de 20.000 millones está concentrado al 100% en Sociedades, donde hay un gran agujero. Nos felicitamos de que el plan de control del fraude ponga el foco ahí, pero faltan medios y dotar a los técnicos de mayores responsabilidades.

Los últimos pasos, sin embargo, han limitado sus competencias.

Esa es la tendencia de los últimos años. El 80% de los efectivos de la AEAT se dedican a controlar lo declarado por trabajadores, autónomos y pequeñas empresas, mientras que el esfuerzo en las grandes empresas y los grandes patrimonios es mucho menor. Es esencial que los técnicos puedan asumir mayores responsabilidades ahí y dejen de tener las manos atadas en la lucha contra esas grandes bolsas de fraude.

¿Defraudan más las grandes corporaciones que las pymes?

El fraude está demasiado extendido y es muy transversal pero si hablamos de recaudación, la mayor parte de ese fraude cuantificado en 80.000 millones corresponde a grandes empresas y grandes fortunas, frente a la idea instalada en la ciudadanía de que se localiza en la pregunta de 'con o sin IVA' del pequeño autónomo, que también hay que combatir, con pedagogía, para recuperar la conciencia fiscal.

¿Y cómo se combate en el caso de las operaciones más voluminosas?

Muchas veces se habla de que son legales pero hay una línea muy tenue que separa la elusión de la evasión y muchas operaciones que pueden parecer legales, si se dedica esfuerzo a investigarlas, se puede concluir que es verdadero fraude.

¿Qué opina de que sectoriales como Fevama se quejen de que se hace mucha labor de despacho pero no de control real a pie de calle?

Es cierto que tenemos niveles importantes de cruce de datos pero estamos hablando de controlar a los controlados. Desde hace años los efectivos de la inspección se han encerrado en los despachos y es necesario salir a la calle. En parte se debe a la falta de efectivos que se haga más hincapié en los sistemas informáticos, que gozan de reconocimiento internacional y siendo algo positivos, implica estar volcado siempre en las mismas personas o empresas.

¿Cómo ve la política fiscal de la Comunitat, con los cambios en el IRPF y Sucesiones y Donaciones, y las diferencias entre autonomías?

En el IRPF, es un paso que el Consell aprobase una tarifa algo más progresiva, con más tramos. Tanto desde Gestha como desde la Plataforma por la Justicia Fiscal, que funciona en Cataluña y Madrid con entidades de la sociedad civil y y ahora se va a constituir en Valencia, uno de los objetivos es dotar de más progresividad al sistema y hacerlo con el IRPF siempre es bienvenido. Sobre las diferencias, en Patrimonio hay una competencia importante entre Madrid, que lo tiene bonificado al 100% y perdona más de 700 millones a las personas con más capitales y patrimonios, y el resto. Tanto en Patrimonio como en Sucesiones hay demasiadas divergencias entre comunidades y sería bueno armonizar, establecer límites. A nivel europeo criticamos a Irlanda por sus ventajas fiscales pero está sucediendo entre algunas comunidades.

¿Cuál sería el camino a seguir, el de la Comunitat o el de Madrid?

El camino sería partir de un gran acuerdo político y social sobre las dimensiones del Estado que queremos y, a partir de ahí, diseñar un sistema tributario que sea suficiente. Se va a abordar el problema de la financiación autonómica y no parece muy coherente estar bajando impuestos y pretender mayores aportaciones del Estado. No hay fórmulas mágicas: si queremos mantener el estado de bienestar, hay que recaudar, salvo que decidamos recortarlo.

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