El Valencia dice en el juzgado que no hay motivos para presentar demandas contra el Nou Mestalla

Sostiene el Valencia que básicamente el nuevo escenario «es una modificación puntual de un plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE)» que en su caso ya fue aprobada en 2015, por lo que en todo caso de haber querido Libertad VCF impugnar alguna cuestión, debería haberla hecho hace ahora ya diez años. Pero esa estrategia jurídica esgrimida por el Valencia encierra según el club poco menos que un acto generoso hacia la ciudad, obviando lógicamente los años de olvido de la obra y los pleitos que se han mantenido con el Consistorio, hasta el punto de que actualmente el conflicto ha hecho que el Nou Mestalla no figure hoy por hoy entre las sedes del Mundial 2030, aunque la última palabra al respecto siempre la tiene la FIFA. Le dice el Valencia al juzgado que el deseo es «dotar a la ciudad de Valencia y a la Comunidad Autónoma Valenciana de un nuevo estadio de fútbol, moderno y adaptado a las necesidades del s. XXI, lo que es obvio que conllevará enormes beneficios para los ciudadanos valencianos y también, naturalmente, para el propio club».

Esto le sirve al Valencia para lanzar un ataque feroz hacia Libertad VCF (llega a apuntar que «su legitimación es meramente formal y de mala fe»), y los motivos que han llevado a esta plataforma popular a intentar bombardear los acuerdos sobre el viejo y nuevo Mestalla. «Resulta difícil comprender qué motivos (nos referimos a motivos legítimos, que son los permitidos por la Ley) podrían mover a una asociación como la actora para intentar entorpecer la construcción de un nuevo estadio cuando dicha actora pregona a los cuatro vientos que su objetivo es defender los intereses del Valencia».

El ataque a Libertad VCF no se queda ahí, insiste el Valencia, «porque muy mal se defienden los derechos del VCF, de los valencianistas y de los valencianos en general cuando se inician acciones judiciales que lo que pretenden es evitar que el Valencia tenga un nuevo estadio más moderno, más accesible, más inclusivo y que provocará el crecimiento económico y social de la región. De hecho, ante lo absurdo de la posición que mantiene la adversa solo cabe concluir que la finalidad perseguida con la interposición de su demanda es totalmente espuria».

Argumenta el club en el juzgado que Libertad VCF no sólo no defiende los intereses del club sino que está haciendo un «abuso de derecho y el fraude de ley, lo que hace es atacar tales intereses solo por el hecho de que dichos intereses son coincidentes con los del máximo accionista. Solo por eso la demanda debe ser ya desestimada sin necesidad de entrar al fondo del asunto, pues no se puede consentir que, bajo el paraguas formal de una legitimación meramente aparente, una entidad que dice defender los intereses del VCF accione en sede judicial buscando en realidad el perjuicio del VCF».

Le insiste a la Sala de lo contencioso-administrativo que «la eventual estimación de la demanda, aun siendo algo muy remoto e improbable, perjudicaría gravísimamente los intereses del club (además de los intereses de todos los valencianos y de los valencianistas)», pasando por alto que el Consell castigó al Valencia con el enterramiento de la ATE precisamente por no haber cumplido los acuerdos.

Eran básicamente seis los puntos sobre los que lpivotó a demanda que preparó el abogado de Libertad VCF, Álvaro Sendra. El primero de ellos hacía referencia a la ausencia de previsión de reserva de vivienda de protección pública. En ese punto se produce una, cuanto menos, curiosa aportación por parte del abogado del club. «Ya sabemos que su único objetivo es pretender el máximo perjuicio posible para el máximo accionista. Porque la actora -se refiere a Libertad VCF- considera inaceptable cualquier avance positivo para el club, ya que el mismo es también -por tanto, favorable a su máximo accionista-. La actora preferiría ver al Valencia desaparecido si con ello logra perjudica al máximo accionista».

El segundo punto impugnado se refería a la «ineficacia acerca de la viabilidad económica de la actuación», ya que sostenía Libertad VCF que la memoria de sostenibilidad económica y el informe de viabilidad económica emitidos por el Ayuntamiento eran incompletos e insuficientes. El Valencia defiende que con esa modificación de la ATE que se aprobó «no solo no generará más gastos, sino que, previsiblemente, aumentará los ingresos municipales, por lo que no hay reparos desde un punto de vista de sostenibilidad económica».

El tercero se refería a que la modificación de la ATE es contraria al Acuerdo del Consell -que resolvía anticipadamente la ATE y acordaba su caducidad- porque dicha modificación no recogía ciertas cargas.

El cuarto hacía hincapié en el incumplimiento de la dotación de aparcamientos, entre ellas la ausencia de 15 plazas de carga y descarga, cuestión que le sirve al club para decir: «Llama poderosamente la atención que Libertad priorice la reserva de plazas de carga y descarga sobre la construcción de un nuevo estadio del club que será disfrutado por todos los valencianistas. Desde luego, la actora tiene una forma realmente curiosa de proteger los intereses del club».

El quinto se refería a la Ley del ruido y el sexto a la imposición de costas, que le sirve al Valencia para volver a cargar contra este colectivo por su «absoluta mala fe y la temeridad de la parte demandante».