El segundo gran revés en el juzgado para Meriton tras el fracaso de Porxinos
El Valencia reclamó la devolución de 25 millones a Riba-roja, el TSJ se lo negó y señaló las plusvalías obtenidas y el desinterés mostrado
El despacho profesional de Germán Cabrera, secretario del consejo, se lleva un buen pico cada año desde que llegó Meriton al accionariado del Valencia. ... La tensión social que con Peter Lim se ha formado en Valencia ha puesto en los últimos años de nuevo al club en el plano judicial. Cuando no es Antonio Sesé, es el grupo Libertad VCF, cuando no le toca a Miguel Zorío y si no, es un grupo de accionistas los que plantean la batalla. En todas estas pequeñas refriegas judiciales, el Valencia –o mejor dicho Lim– ha salido airoso y sin rasguños.
Los abogados del Valencia han ido arrasando una tras otra con todas las guerrillas que se les han interpuesto por el camino. Pero en las dos grandes guerras que sobre el escenario se han planteado, en cambio, quien no ha podido cantar victoria es el Valencia. La de la caducidad de la ATE era en todo caso una demanda que iba más allá de una decisión administrativa por todo lo que conlleva a nivel político y porque en está en juego el tema del estadio y directamente la aspiración mundialista.
El otro gran varapalo que se llevó el Valencia, ya con Meriton dirigiendo el destino del club, fue con Porxinos. Ahí reclamó el Valencia que el Ayuntamiento de Riba-roja le devolviera 25,1 millones de euros. Gol anulado. Primero por la sentencia de la sala número 2 de lo Contencioso-Administrativo (28-7-2021) y después con la ratificación que de la sentencia hizo el TSJ el 5 de septiembre de 2023, hace apenas unos meses y ya con Layhoon de nuevo a los mandos de la nave.
«Si invirtió 25,1 millones y ha obtenido de las expectativas de la actuación anulada más de 141 millones en plusvalías, ningún daño o perjuicio le ha reportado», concluye la sentencia de 2021. En la de 2023, más de lo mismo, con tirón de orejas incluido, al señalar que durante el segundo intento de Litoral del Este por activar el PAI, en 2016, «la empresa ya no tenía ningún interés ni en el PAI ni en el proceso de selección de agente urbanizador, todo ello con independencia de la actuación (correcta a juicio del tribunal) del Ayuntamiento de Riba-roja».
El club invirtió 25 millones a través de Litoral del Este para gastos, mejoras e indemnizaciones a propietarios de los terrenos. El espacio se vendió después a la promotora madrileña Nozar, que entró en concurso de acreedores en 2008 y nunca ejecutaron las obras, una situación agravada por el cambio de la normativa autonómica, más estricta que años anteriores.
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