La Fiscalía pide el procesamiento del funcionario implicado en la trama de las basuras de Valencia

El ministerio público ha presentado un escrito donde insta al juzgado a que incoe el procedimiento abreviado, pero únicamente contra el citado funcionario. Se trata de una resolución que pondría punto final a la investigación y que, de igual modo, da plazo a las acusaciones para pedir la apertura de juicio con sus respectivos escritos de acusación.

La acusación pública considera que la conducta del trabajador encajaría en un delito de negociación prohibida a funcionarios, un ilícito castigado con un máximo de dos años de cárcel. Sin embargo, este paso no es una cuestión pacífica entre las diferentes acusaciones personadas en el procedimiento.

La acusación particular, es decir la propia Emtre, se opone a la tesis del ministerio público que supondría el sobreseimiento del caso para otros dos investigados en la trama. Será el juez el que deba decidir en qué sentido avanza el procedimiento. La decisión, en cualquier caso, sería recurrible ante la Audiencia.

La gestión de las basuras y residuos, en general, ha sido siempre un foco de corrupción. El caso más relevante, sin duda, fue el de Emarsa, el expolio de la depuradora de Pinedo a través de una empresa pantalla que facturaba ingentes cantidades de dinero por el tratamiento de residuos. Sus principales responsables fueron condenados a penas de unos diez años de cárcel.

En este caso, el supuesto fraude se perpetró desde la Emtre. La denuncia, de hecho, la presentó la propia entidad, presidida en ese momento por Sergi Campillo. Pero los hechos son anteriores a la llegada al Consistorio del binomio PSPV y Compromís. La actividad irregular pertenece a la etapa de los populares.

La Emtre presta el servicio de valorización y tratamiento de las basuras a través de una concesión, conocida como la UTE Los Hornillos, que continuó con el papel que en su día desempeñó Fervasa.

La posición del funcionario investigado resultaba determinante en el proceso de contratación de la entidad pública. El responsable recibía los informes de la UTE con un listado de candidatos que procedían de un estudio de mercado. En este grupo de proveedores siempre aparecía la mercantil SVM gracias a la colaboración de otro sospechoso.

Se daba la circunstancia de que Vayá, a través de un testaferro, era socio de esa mercantil. Su aportación la hizo en efectivo. Unos 70.000 euros que sacó de una caja de seguridad, según la investigación inicial. El funcionario denunciado era quien finalmente se encargaba de elaborar el informe para contratar a la mercantil.

La sociedad bajo sospecha, por ejemplo, facturó más de 400.000 euros desde el año 2012 a 2015 por una supuesta intermediación en la gestión del tratamiento de las cenizas que genera la quema de los monumentos falleros. Pero la Emtre descubrió que ese trámite, en realidad, no era necesario. Algo similar ocurrió en otro proceso, la gestión de los colchones. Una de las ventajas de SMV respecto a los competidores era la valorización de la pieza antes de su traslado. Pero la empresa no cumplía con este requisito. Se comprobó que no se enviaban a la planta propia sino que directamente pasaban al vertedero.