Ciutat Vella y Zaidía lideran las multas a los apartamentos turísticos ilegales en Valencia

Las denuncias registradas entre enero y abril de este año se reparten en 34 barrios de la ciudad aunque La Zaidía con 47, Ciutat Vella con 40 y Poblados Marítimos con 24 han sido los tres distritos con más viviendas turísticas ilegales sancionadas como fruto de las inspecciones del plan de control para estos pisos que incumplen la legalidad vigente. Las barriadas que han acumulado una mayor cantidad de multas a raíz de los controles policiales han sido el barrio de Morvedre con 29, el Carmen con 20, el Cabañal con 18, Benicalap con 13 y Ruzafa con 11. De hecho, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, expuso en el último pleno municipal celebrado el pasado martes que se iba a proceder a cerrar 160 inmuebles de este tipo.

Las luces de alarma se encendieron dentro del Consistorio tras la publicación de los datos municipal a través del portal Visit Valencia. Según esta página web, la oferta de pisos de uso vacacional en febrero de este año era de 10.286 inmuebles, mientras que la marca durante el mismo mes de 2023 quedó establecida en los 7.424. La traducción de estos datos en puntos porcentuales arroja una subida interanual, eso es de año en año, del 38,6%. El grupo socialista utilizó estos dígitos a modo de gasolina para acusar a la corporación municipal de «dar barra libre a los especuladores», mientras que desde el equipo de gobierno defendieron que el PSPV hizo «una tergiversación torticera de los datos para ocultar que, realmente, no hicieron nada para regular los apartamentos turísticos».

Haciendo una reconstrucción cronológica, la primera en hacerse eco de la avalancha de ofertas de pisos turísticos ilegales fue la edil socialista Sandra Gómez al informar de que a lo largo del último ejercicio habían aparecido en la ciudad 3.297 apartamentos turísticos y todos sin cumplir la normativa, pues el parque de alojamiento legal incluso había disminuido en el mismo periodo de tiempo en un 24,2%. A Gómez se le sumó Papi Robles, de Compromís, con el argumento de que el Partido Popular tiene la propuesta para declarar Valencia como zona tensionada por los elevados precios del alquiler «guardada en el cajón».

Fuentes del Ayuntamiento manifiestan que bajo el amparo del plan de control de apartamentos ilegales destinados al uso vacacional siguen en marcha «inspecciones continuas en todos los barrios del la ciudad» y remarcan que los controles se realizan «con especial incidencia» en aquellos que tienen más demanda turística. Asimismo, las mismas fuentes también recuerdan y mantienen la versión de que la ley de vivienda estatal deja fuera de la regulación este tipo de inmuebles, hecho que propicia que se genere tanto «inseguridad jurídica» como «un aumento de la oferta ilegal» de pisos dedicados al turismo, según las mismas fuentes.

El dato de las denuncias demuestra un cambio de mentalidad radical por parte de la Administración a la hora de afrontar la proliferación de este fenómeno que asola ya no sólo a la ciudad de Valencia, sino a toda la Comunitat. Además de generar una difícil convivencia con los vecinos de toda la vida. Tal y como ha publicado LAS PROVINCIAS, la región valenciana ha roto ya el techo de los 100.000 pisos turísticos este año. En concreto, a fecha de 26 de abril, contaba con 102.796 viviendas registradas, según los datos facilitados por la Conselleria de Turismo a este diario.

Esto significa que, en menos de cuatro meses, la Comunitat ha sumado 3.081 inmuebles más respecto a la cifra del 31 de diciembre de 2023, cuando el registro contabilizaba 99.715 viviendas. Cabe decir que estas cifras hacen referencia a la cantidad de inmuebles destinados al alojamiento de turistas legales, es decir, aquellos que sí se rigen bajo la normativa vigente. Sin embargo, esta subida generalizada, también aporta indicios de cómo aumenta la cantidad de estos apartamentos al margen de la ley.