El Síndic afea al Ayuntamiento de Valencia que no dé plazos para publicar el registro municipal de pisos turísticos

«Entendemos que la referida Resolución de consideraciones no ha sido realmente aceptada», asegura la institución que preside Ángel Luna sobre la contestación recibida desde el Ayuntamiento a su requerimiento. Todo arranca el pasado 18 de febrero con una queja sobre la publicación del listado de apartamentos de uso vacacional con licencia municipal en relación a la proliferación de este tipo de inmuebles en el Cabanyal. El escrito fue promovido el 9 de junio por la persona interesada y dicho expediente quedó cerrado el pasado 1 de agosto después de que dos semanas antes el Consistorio aceptase las recomendaciones del Síndic.

La investigación del caso llevada a cabo por el defensor del pueblo valenciano defiende que las leyes que abordan la transparencia de las administraciones públicas establecen el plazo de un mes para resolver las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos así como que esta ocasión no entra en ninguna de las excepciones para no hacer entrega del contenido requerido en el citado periodo de tiempo. Para el Síndic, «es muy importante respetar este plazo, ya que, de lo contrario, la información pública solicitada puede perder interés o utilidad». «No cabe, por tanto, retrasar la contestación permitiendo el paso de varios meses sin responder nada al solicitante de información», achaca sobre una de las contestaciones del Ayuntamiento en la que esgrimía que otorgará el listado de VUTs «en el momento en que conste debidamente elaborada y contrastada».

El Consistorio defiende que se está trabajando en la implantación a través de medios electrónicos de la información solicitada, «que a día de hoy no está ultimada», y afirma que ahora se está priorizando la modificación definitiva del planeamiento sobre el uso terciario hotelero que se encuentra en trámite, una normativa que afecta a la regulación de las viviendas de uso vacacional existentes en Valencia.

La institución dirigida por Ángel Luna expone que el Ayuntamiento de Valencia «ha tenido tiempo más que suficiente para terminar de elaborar dichos listados y mantenerlos diariamente actualizados, ya que no se trata de una compleja tarea informática» alegando que la solicitud de los datos fue presentada el 18 de febrero. En cuanto a las inspecciones, el Síndic afea que en la respuesta del Consistorio «no se ofrece ningún dato, por lo que se ignora la actividad municipal desplegada en este ámbito».

Desde el defensor del pueblo valenciano aseguran que el incremento de viviendas que operan con uso turístico de manera ilegal «contribuye significativamente a la economía sumergida». «Estas propiedades no declaradas no solo evaden impuestos y regulaciones, sino que también distorsionan el mercado inmobiliario, afectando al sector turístico en general que opera en el mercado siguiendo la normativa vigente», explican. Por ello, el Síndic considera «fundamental» tomar medidas en el asunto para «garantizar una competencia justa y transparente».

«Además, el aumento de viviendas de uso turístico ilegales puede ocasionar conflictos de convivencia con los residentes locales. En este aspecto, también se hace necesario incrementar la transparencia de las viviendas turísticas legales para proteger los derechos y la armonía de quienes habitan en estas zonas», remata el Síndic.

Sobre las denuncias, desde la administración local alegan que el procedimiento de comprobación de las sanciones «no consiste sin más en la apertura de un expediente, sino que se trata de un proceso mucho más complejo» que requiere la realización de verificaciones previas al inicio, en su caso, del expediente de restauración de la legalidad urbanística (identificación concreta del inmueble en las denuncias de la ciudadanía, titularidad, comprobación en registro autonómico, expedientes municipales previos de obra o actividad a los efectos de determinar la existencia o no de título habilitante, etc...), además de la oportunas inspecciones y comprobaciones a través de la Policía Local o del Servicio Municipal de Inspección.

«Desde el año 2024 se está trabajando intensamente en la redefinición de los procesos en materia de comprobación de viviendas turísticas ilegales, lo que sin duda ha quedado evidenciado con el incremento producido en la gestión de este tipo de expedientes, tanto en número y tiempos como en resultados», asevera el Ayuntamiento al respecto.

Fuentes municipales responden a este cierre del expediente mostrando su respeto hacia la opinión del Síndic, pero que, como ya se le dijo en el escrito, «se han aceptado las recomendaciones que se irán implementando progresivamente por parte de los servicios implicados».