Ribó cumple seis años sin lograr que Valencia avance

El último ejemplo ha sucedido a cuenta de la inauguración del monolito dedicado al 15-M, luego disimulado con referencias a otros movimientos sociales a petición de los socialistas, contó sólo con la presencia del alcalde Ribó acompañado por un puñado de ediles de la coalición valencianista. Nadie del PSPV hizo acto de presencia e incluso anunciaron después que llevarán al pleno una propuesta para consensuar el texto que debe aparecer en la placa.

Al margen de la cuestión de fondo, más allá del 15-M, el origen del conflicto se encuentra en la falta de comunicación entre los dos grupos, lo que repercute directamente en el ciudadano. El intento de pacto con los grupos de la oposición al margen de Compromís sería algo inaudito, aunque a día de hoy todo es posible en el hemiciclo, dado el deseo de la vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez, de marcar diferencias con Ribó.

Esta cuestión interna, doméstica podría denominarse, explica con claridad los seis años de atascos que ha habido en el gobierno de los dos partidos, cuando precisamente se salía de una crisis económica que había dejado vacías las arcas municipales. Desde 2013, la orden de la fallecida Rita Barberá había sido reducir la deuda galopante y poco a poco empezaban a mejorar los ingresos.

Cuestiones que deberían estar ya resueltas para cumplir el programa electoral de Compromís y el PSPV siguen en el tintero, sobre todo al repartirse las competencias de manera artificial en ocasiones. El primer mandato con València en Comú agravó aún más los atascos al haber un comensal más en la mesa.

La lista es larga y podría comenzar con la vivienda. Ni las promociones públicas gestionadas por los socialistas a través de AUMSA ni las de carácter social que lleva Compromís a través de la delegación de Vivienda han dado el fruto esperado, todo lo contrario. La paralización es la nota dominante, con años de anuncios, proyectos, trámites y vuelta a empezar desde cero.

Otrosí puede decirse de las cuestiones más sensibles para los ciudadanos, como el tráfico, la limpieza, el mantenimiento de los jardines o el gran tapón que sigue habiendo en la concesión de las licencias de obras y actividades. Pese a mejorar las cifras anteriores en este último apartado, es una respuesta común entre las empresas afectadas la queja de la tardanza en conseguir los permisos, sobre todo cuando se trata de edificios o entornos protegidos por su valor patrimonial.

El transporte público es otro de los grandes atascos de estos seis años. El gobierno municipal no ha sabido ni siquiera conectar de manera cómplice con la Conselleria de Obras Públicas a la hora de «vender» las líneas de tranvía como la apuesta clara de los próximos años. El anuncio del conseller Arcadi España de nuevas líneas aparte de la ampliación de la que llegará hasta Nazaret, ahora en obras, fue seguido por el aviso del alcalde Ribó de que antes le interesaba esta última. La Generalitat tuvo que aclararle que las encargará todas a la vez.

Sin salir de este ámbito, también es reseñable lo sucedido con el concurso de ideas para la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. La vicealcaldesa Gómez desveló sus preferencias por eliminar el paso de la EMT, la discutida línea C1, al señalar que daría libertad a los equipos de arquitectos para que presenten lo que quieran.

Compromís y el PSPV llegaron al Ayuntamiento con la pancarta de Salvem el Cabanyal en la mano, aunque de momento el plan urbanístico no se ha aprobado definitivamente, las ocupaciones ilegales persisten y sólo la iniciativa privada ha logrado recuperar viviendas, más allá de las obras de reurbanización de las calles hechas los últimos años. Los equipamientos públicos y, sobre todo, el Plan Edusi, siguen siendo una reivindicación de los vecinos.

1.000

viviendas de promoción pública deben servir para abaratar los precios en unos barrios donde se han incrementado estos años por la presión turística. De momento no se ha movido ficha más allá del préstamo de 27 millones que se pedirá en los fondos europeos de reconstrucción para la demolición de Bloque Portuarios y las nuevas viviendas de realojos. La falta de oferta pública es uno de los aspectos que más llama la atención después de seis años en el gobierno del Ayuntamiento.

La gran deuda de la Marina de Valencia ha sido desde la época de Zapatero considerada una «cuestión política», con lo que en teoría no debería haber sido el lastre en el que finalmente se convirtió. Los embargos por los créditos de menor cuantía todavía no han sido resueltos, pero más preocupante que todo eso incluso es la ausencia de un proyecto común en el gobierno municipal que defina de una vez los usos de este espacio más allá de proyectos que no llegan a cuajar nunca. Las discrepancias sobre la ampliación norte del puerto no han ayudado a generar un buen clima acerca de la estrategia para convertir la dársena en un lugar puntero en cuanto a la llegada de negocios y actividades para la economía de la ciudad como el sector turístico.

En 2018 y durante un debate sobre el estado de la Ciudad, el alcalde Ribó anunció la idea de renaturalizar el nuevo cauce. Después presentó unos dibujos de un estudio básico donde se hablaba de zonas peatonales e incluso un sistema de aviso en caso de riada. Hasta que llegó la Confederación del Júcar y bajó a tierra estos planes diciendo que ni a corto ni a medio plazo los veía viables, sobre todo por la falta de presupuesto. El gobierno municipal no ha remodelado ningún tramo del viejo cauce en seis años, más allá de intervenciones puntuales, pero apunta a cambiar el Plan Sur.

La transformación de Ciutat Vella en un centro comercial y turístico ha provocado las críticas de los vecinos desde hace años. La respuesta del Ayuntamiento llegó con un plan urbanístico que no ha contentado a todos.

2022

La plaza de la Reina y el entramado de calles y plazas alrededor de la Lonja y el Mercado Central estarán listas el próximo año. Será entonces cuando vecinos y comerciantes podrán juzgar el resultado de la mayor inversión del mandato en el centro.

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solares vacíos asegura la asociación Amics del Carme que hay en el centro histórico pendientes de edificar, entre propiedades privadas y públicas. De estas últimas es lo que no se entienden, denuncian los vecinos, que las promociones de viviendas sigan paradas mientras sigue la despoblación.

Las mejoras llegan al parque de la Albufera con cuentagotas y las nulas inversiones de la Conselleria de Agricultura agravan todavía más la falta de empuje que ayuden a mantener en condiciones el humedal. Además, las decisiones en materia de tráfico y licencias provocaron un gran revuelo entre los vecinos, con manifestaciones incluidas, lo que refleja la falta de conexión del Consistorio y la Generalitat con las necesidades de la calle. La última decisión ha sido reforzar la limpieza, aunque no es suficiente y los residentes demandan una actuación urgente en las playas.

Nunca se había escrito tanto de unos maceteros como los de la plaza del Ayuntamiento, aunque no ha sido para elogiarlos sino todo lo contrario. Simbolizan más que ninguna otra cosa la provisionalidad y lo efímero, dado que está prevista la peatonalización a partir de 2023. De nuevo se aplaza la solución definitiva en un gran proyecto.

1,2

millones de euros es el coste que ha tenido el asfaltado y la peatonalización provisional. La última incorporación han sido unos bancos para crear zonas de descanso y el discutido monolito dedicado al 15-M y otros movimientos sociales.

El concurso de ideas para ajardinar la desembocadura del viejo cauce prevé encargar el proyecto al final de este mandato. Se habrán cumplido por lo tanto ocho años desde la llegada al gobierno de Compromís y el PSPV con el único beneficio para los vecinos de Nazaret de un parque provisional que se abrirá próximamente en los solares de una fábrica.

Nadie está contento con la solución dada por el Ayuntamiento a la calle Colón, ni los comerciantes por el desvío excesivo de líneas de la EMT ni los grupos de la oposicion por lo que consideran un mal remedio para fomentar los itinerarios peatonales. El tráfico se ha quedado en un carril, por lo que en muchas ocasiones los conductores deben procesionar mientras los dos destinados al transporte público están vacíos. Las aceras tienen la misma anchura que antes de la intervención y las calles transversales no se han beneficiao de mejoras.

La EMT ha resultado muy perjudicada por la pandemia al igual que el resto del transporte público, aunque antes ya estaba tocada y necesitada de más fondos por parte del Ayuntamiento. En los primeros años del anterior mandato ya hubo disputas entre los dos socios de gobierno debido a modificaciones de paradas e itinerarios sin contar con el consenso vecinal. La misma tónica ha seguido estos seis años, con agrias polémicas, sobre todo la generada por los cambios en el centro histórico. La línea C1 no convence a los pequeños empresarios de la zona por el descenso del pasaje.

La relación entre el gobierno municipal y la hostelería ha tenido altibajos. Sin duda, uno de los momentos má difíciles para los empresarios fue cuando aumentó la presión fiscal que sufren al modificarse la tasa de terrazas. La pandemia ha servido para obtener algo de oxígeno, con la exención durante todo el año, aunque se han sucedido episodios también como las sentencias judiciales a favor de los hosteleros de la plaza de la Virgen, que habían retirado mesas y sillas por orden municipal. En resumen, un ejemplo más que de Compromís y el PSPV no acaban de encontrar un modelo en el que se muevan cómodos vecinos y negocios de hostelería con el necesario equilibrio. Seis años han servido para enrarecer el ambiente en zonas como el Carmen y Ruzafa con disputas de todo tipo. La pregunta obligada es si después de la pandemia se mantendrán las condiciones de las autorizaciones de espacio para mesas y sillas.

Incluso los ciclistas más convencidos de que el gobierno municipal acierta con su estrategia de los carriles ciclistas se muestran cautos a la hora de hablar de los carriles ciclistas integrados con la EMT y el taxi. Es el caso de la Gran Vía Fernando el Católico y también del que habrá en las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, de nuevo en este último caso de manera provisional hasta que se reurbanice por completo. Lo efímero gusta en este gobierno municipal y los carriles bici no son una excepción. Desde el primer mandato, la polémica ha envuelto estos equipamientos, incluidos los aprobados por un puñado de votos en los presupuestos participativos, una táctica más que sospechosa con la que se hizo por ejemplo el itinerario de la avenida Reino de Valencia. El tráfico de coches ha descendido, lógico, al tenerse en cuenta que sólo queda un carril y que los atascos son frecuentes. Los conductores prefieren buscar otras rutas.

El Parque Central, aunque parezca definitivo, está muy lejos de serlo. El último gobierno del Partido Popular dejó las obras adjudicadas y en estos seis años se ha inaugurado la primera fase y reformado algunas de las naves, pero nada más. Todavía no hay ninguna en funcionamiento y la mayor, destinada a un polideportivo, sigue siendo un bello inmueble con los cristales rotos por los actos de vandalismo. Hace unos días se produjo una protesta de asociaciones vecinales de Ruzafa, que reclaman un espacio en uno de los muelles, el que recae a Giorgeta. El otro será cedido al IVAM para una subsede, aunque por supuesto, aún no hay nada.