Ribó modificará los presupuestos participativos tras las quejas vecinales

Así lo indicaron fuentes de la alcaldía de Valencia, al precisar que la voluntad es «darle una vuelta» al proceso para que las inversiones públicas «lleguen a todos los barrios». Esta edición se han repartido fondos por valor de 16 millones de euros con un listado de proyectos que ha provocado numerosas críticas, como publicó LAS PROVINCIAS este lunes, reflejando el malestar de las entidades con el modelo elegido por el Consistorio.

Los presupuestos participativos, también llamados Decidim VLC, han cambiado de procedimiento desde su primera edición varias veces. Por barrios, distritos, grandes y pequeñas obras, con compensaciones para los pueblos e incluso las zonas menos pobladas del ámbito de población. Pero nunca ha llovido a gusto de todos, lo que este año se ha notado más que nunca.

La razón es seguramente que la última votación, la más multitudinaria con la participación de más de 28.000 personas que ha servido para elegir 160 proyectos con una inversión conjunta de 16 millones de euros. Se trata del doble que la edición anterior porque servirá para acometer encargos durante los próximos dos años.

De los 86 barrios de Valencia, un total de 15 se han quedado sin nada, según las cuentas que hizo el grupo popular hace unos días. Estas zonas dependerán de la pelea diaria con las concejalías para que incluyan obras y equipamientos públicos en el presupuesto ordinario, que ya ha sido aprobado provisionalmente. La orden está clara, señalaron fuentes próximas al alcalde Ribó: «la próxima edición tiene que llegar a todos».

Hay otro aspecto criticado por las entidades vecinales, como recogió LAS PROVINCIAS, y pasa por la inclusión de inversiones que se ciñen a reformas de edificios municipales. A esto hay que darle otra vuelta para que no vuelva a pasar, indicaron las mismas fuentes, en la próxima votación.

Ejemplos no faltan como que en Camins al Grau, el proyecto más costoso sea la remodelación de una piscina municipal, lo que ya fue criticado por la asociación de vecinos de Penyarroja. También lo que ha ocurrido en el distrito de Extramuros, donde la única partida que ha salido adelante es la reforma de otro inmueble municipal, el antiguo mercado de Abastos. En este caso el presupuesto asignado se eleva a 411.993 euros.

En ambos casos se trata de iniciativas procedentes de la ciudadanía, aunque lo determinante es que fueron declaradas viables por los técnicos municipales. Esto último es lo que se quiere evitar, señalaron, dado que el «aroma» que desprenden las iniciativas es que el Ayuntamiento aprovecha el Decidim VLC para tomar fondos destinados a las votaciones vecinales y acometer con ellos obras que deberían pasar sí o sí por el presupuesto habitual.

Esa diferenciación es bastante complicada en algunos casos, aunque la voluntad es que no se produzca un resultado tan evidente. Los presupuestos participativos se han celebrado para los próximos dos años también para evitar críticas por los retrasos.

Tan lejos como hace unos días, la portavoz adjunta del grupo popular, María José Ferrer San Segundo, criticaba que todavía hay concejalías con proyectos de las primeras ediciones (del mandato anterior) pendientes de ejecución, un malestar que también se transmite a las asociaciones vecinales.

Esta edición se han combinado distintos métodos de selección, por aportación directa de la ciudadanía a la plataforma web donde se vota, grupos de trabajo en las juntas de distrito e incluso una compensación a través de pequeñas partidas del Ayuntamiento, con el fin de equilibrar al máximo posible el reparto de los 16 millones. Pero no ha evitado las críticas vecinales.

La concejalía de Participación Ciudadana ha sido la encargada del proceso, para lo que incluso contrató a una empresa. Un total de 145 proyectos se han repartido 13 millones y otros tres distribuidos para compensar.

La asociación de vecinos de San Isidro fue la primera en dar la voz de alarma y criticar el resultado de los presupuestos participativos hace ya cinco días. Este lunes, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, giró una visita al barrio enclavado entre el camino de Picanya y la V-30, para informar a los representantes vecinales de una serie de compromisos del Ayuntamiento en inversiones.

El encuentro estaba acordado antes de conocerse el resultado de los presupuestos participativos, indicaron fuentes vecinales, aunque el caso es que la reunión ayudó a calmar unos ánimos bastante caldeados.

Gómez avanzó que el Ayuntamiento proyectará la reurbanización del entorno del acceso al barrio de San Isidro desde Picanya, que quedará vinculado al nuevo planeamiento que se está desarrollando junto a las alquerías de la calle Pau.

«Hemos visitado el barrio de San Isidro de la mano de su asociación de vecinos para escuchar sus reivindicaciones, que en las últimas semanas se han hecho presentes, y quería trasladarles mi compromiso en mantener el barrio con un nivel de inversión alto desde Urbanismo, dijo, para señalar dotaciones como la ampliación del Colegio Nicolau Primitiu y el polideportivo de San Isidro, que también incorporará una zona de aguas.

Gómez explicó que en 2023 «ambas obras estarán en marcha y supondrán una mejora muy importante de servicios públicos esenciales. También hemos visitado la entrada al barrio desde Torrent y nos hemos comprometido a realizar una serie de mejoras», aseguró.