Ribó deja en manos del juzgado el conflicto vecinal por la ZAL del puerto

Parte de los solares de la ZAL en La Punta. / irene marsilla
Parte de los solares de la ZAL en La Punta. / irene marsilla

El alcalde afirma que las obras hechas para el polígono portuario en la huerta de La Punta ya no tienen vuelta atrás y cifra su coste en 160 millones

P. M.

valencia. Que lo decida el juzgado. El alcalde Joan Ribó reiteró ayer que es imposible en su opinión la reversión de la huerta de La Punta perdida por las obras de urbanización de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). «Me gustaría tirar para atrás la historia, pero comenzó hace 20 años y nadie se plantea eso ahora por una razón muy sencilla, es imposible».

La contestación vino al hilo de la presentación de un recurso contencioso por parte de una plataforma vecinal, contraria a las modificaciones hechas en el diseño de la ZAL, y que reclama la total reversión de los campos de huerta. El primer edil dijo que ahora toca que un juzgado resuelva si debe seguir adelante el planeamiento urbanístico, anulado hace años por la falta de una serie de estudios ambientales. De momento, las entidades vecinales y ecologistas han conseguido tumbar el proyecto tres veces.

En el pleno del jueves, la portavoz de València en Comú, María Oliver, presentó una moción para paralizar el plan y revisarlo, lo que fue denegado por el resto de los grupos municipales, incluidos sus socios del gobierno municipal. «La diferencia de posiciones en este tema con València en Comú es conocida», dijo Ribó, quien aseguró que esta discrepancia en el voto no supondrá ninguna crisis en el Consistorio.

«Yo veo las torres de El Saler y no me gustan, pero no tengo dinero para tirarlas y pagar lo que costaría. Hay cosas que te gusten o no cuando se han hecho no se pueden tirar atrás. Se tiene que aceptar», comentó, para evaluar en más de 160 millones de euros el coste de la reversión del polígono como campos de huerta. «Es una posibilidad muy bonita, pero nada más», comentó para reiterar que ahora le toca hablar al juzgado sobre este asunto.

«Creo que lo mejor es que este tema se acabe de una vez por todas. Lo que no podemos hacer es mantener en la indefinición siete, ocho o nueve años más una zona que en estos momentos es un monumento a no hacer nada», dijo. A juicio de los opositores a la ZAL, el Plan Especial incurre en «graves defectos de procedimiento y tampoco atiende a las directrices territoriales de la legislación, tal y como pedía la sentencia del Tribunal Supremo de 2015 que lo anuló». Desde hace unos días, se realiza una campaña de recogida de donativos para colaborar en los gastos del recurso.

El Plan Especial fue aprobado en noviembre de 2018, mientras que ahora debe tramitarse como cualquier plan de actuación integrada, por lo que se dan por segura las alegaciones para impedir la continuidad del proyecto, al señalar que incurre en graves errores de procedimiento de la normativa.