Un pleno estéril: frenazo a la ZBE a 40 días de perder 150 millones

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha propuesto al pleno enmendar el proyecto de Ordenanza que regulará la ZBE «en aras de llegar a un acuerdo». Como prueba de que el grupo municipal popular «no mercadea con las fechas de aplicación de la ZBE», ha propuesto que la prohibición de los vehículos etiqueta B de la ciudad de Valencia esté condicionada a los umbrales de contaminación ambiental que marca la Unión Europea para 2030. Esta propuesta, ha añadido, «estaría en consonancia con el objetivo de la mejora medioambiental de la ciudad que persigue esta normativa».

En concreto, Carbonell ha propuesto que a los vehículos propiedad de vecinos de la ciudad de Valencia que tengan etiqueta A, que son los de gasolina matriculados antes del año 2000, y a los diésel matriculados antes del año 2006 se les adelante la prohibición de acceso a la ZBE al 1 de julio de 2027. «Nos anticipamos en 6 meses respecto planteamiento inicial», que previa el 1 de enero de 2028, ha explicado.

Respecto a los vehículos con etiqueta B de fuera de Valencia (turismos y furgonetas de gasolina matriculados a partir de enero de 2001 y a los diésel a partir de enero de 2006), ha propuesto prohibir su entrada en la ZBE en el plazo de un año a contar desde el momento en que se incumplan los umbrales de contaminación aplicables a partir de 2030.

En cuanto al perímetro de la ZBE, Carbonell ha propuesto ampliarlo hasta la V-30 incluyendo a los barrios de San Isidro, San Marcelino y el Marítimo. El área inicialmente afectada por la Zona de Bajas Emisiones abarcaba una superficie de 27,8 km2, casi toda la ciudad, y estaba delimitada por la Ronda Nord, Tarongers, Serradora y Bulevard Sud. El edil popular ha recordado que el ámbito que proponían Compromís y PSOE en el inicio de la tramitación de la ordenanza de ZBE no incluía estos barrios, «pero que en aras al acuerdo ahora proponemos ampliar el ámbito», ha señalado.

Además, cabe recordar que en la propuesta inicial quedaban excluidos de las restricciones los vehículos asociados a actividades económicas (pymes, autónomos...), para «proteger de los intereses económicos y sociales de la ciudad», ha explicado el concejal. También estarían excepcionados previa solicitud de autorización los vehículos usados por titulares de tarjeta de estacionamiento PMR (para personas con movilidad reducida), los de familias numerosas o con menores de tres años, y aquellos donde viajen embarazadas o personas con movilidad reducida temporalmente. Tampoco tendrán restricciones los vehículos de emergencias, de servicios esenciales y los considerados históricos hasta 96 accesos al año. Además de lo anterior, y previa solicitud de autorización, los vehículos afectados por las restricciones tendrán una bolsa de 48 accesos diarios para acceder durante el año natural.

La propuesta del PP ha llegado como respuesta a una moción del PSPV que pedía la aprobación de una ZBE «que garantizara el cumplimiento de la normativa, evitara la pérdida de más de 115 millones y, además, permitía reducir la contaminación». El portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuan, ha mostrado su sorpresa por este voto en contra del PP después de que la misma Catalá asegurase que incorporaría las alegaciones que habían presentado los socialistas a la ordenanza.

«La señora alcaldesa dijo la semana pasada que, con el voto, cada uno se retrataba y que íbamos a ver quién votaba que no a una Zona de Bajas Emisiones, obligando a los valencianos a respirar un aire peor y a perder más de 115 millones de euros en subvenciones europeas. Pues hoy el Partido Popular ha votado que no a la propuesta del Partido Socialista que lo que buscaba era sacar los vehículos más contaminantes de la ciudad de Valencia y, además, que los valencianos no tuvieran que pagar la factura del negacionismo del Partido Popular», ha mantenido después de la votación de la moción de los socialistas que se ha producido en el pleno.

Para Sanjuan, el resultado de la votación atribuye al Partido Popular la responsabilidad exclusiva de que Valencia sea la única gran ciudad española que se quede sin una Zona de Bajas Emisiones para poder reducir los elevados niveles de contaminación que sufren la mayoría de los barrios por lo que ha reclamado el cese con carácter inmediato del concejal de Movilidad quien, a su juicio, no ha tenido voluntad en ningún momento de llegar a un acuerdo.

«La señora alcaldesa de la semana pasada le diría a la señora señora alcaldesa de esta semana que es responsable de la mayor pérdida patrimonial que nunca se ha causado a este ayuntamiento y, por eso, si ella no está dispuesta a asumir responsabilidades, espero que al menos Jesús Carbonell no acabe el día como concejal de Movilidad», ha añadido.

El responsable socialista ha hecho hincapié en la «farsa» de negociación que ha mantenido el Partido Popular para aprobar una Zona de Bajas Emisiones. En este sentido, ha reprochado el cálculo electoralista que ha realizado el concejal de Movilidad, puesto que su propuesta de retrasar las restricciones hasta julio de 2027 «responde exclusivamente a un interés electoralista que demuestra que nunca han tenido intención de negociar absolutamente nada».

Sanjuan, igualmente, ha lamentado que el Partido Popular ni tan siquiera contemple medidas para limitar los vehículos más contaminantes hasta 2030 y solo y cuando los escasos medidores del Ayuntamiento reflejen un exceso de contaminación. En este sentido, ha recordado que los estudios de la Universitat Politècnica de València ya ha certificado que las mediciones municipales están obsoletas y que los últimos estudios confirman que la mayoría de los barrios sufren una contaminación excesiva, lo que genera problemas de salud a sus vecinos y vecinas.