El jefe de la Policía Local de Valencia, obligado a dejar el cargo por jubilación

LAS PROVINCIAS ha tenido acceso al expediente del servicio municipal de Empleo del Ayuntamiento de Valencia. En la resolución del mismo se desestima la continuidad del actual comisario para seguir al frente de la Policía Local de Valencia pese a su solicitud de hacerlo durante dos años más de manera voluntaria.

Herrera cumplió los 65 años de edad el pasado 1 de abril, circunstancia a la que cabe añadir que el próximo día 28 certificará su edad ordinaria de jubilación ejerciendo 38 años y 3 meses de cotización o su equivalencia en 13.962 días al contar con los requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación, «por lo que no procede la prolongación de la permanencia en el servicio activo».

El todavía comisario jefe de la Policía Local se escudó en una sentencia de marzo de 2023 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativa a un mosso d'Esquadra y a la ley nacional que regula a los profesionales policiales y otros servicios de emergencia para aferrarse al cargo.

Sin embargo, tal y como recoge el informe, este segundo argumento queda descartado dado que los cuerpos de Policía Local se rigen bajo «normas específicas de jubilación, no aplicándose las generales de función pública».

En cuanto a la primera de las razones aportadas por Herrera, se considera que ambas situaciones, la del comisario jefe y la del mosso d'Esquadra, «no son extrapolables». En relación con ello, el expediente explica que el policía catalán se encontraba en situación de segunda actividad en virtud de una incapacidad permanente y, por ende, quedó adscrito a una plaza de técnico de soporte no policial en la localidad de Barcelona, pasando a ejercer funciones administrativas.

Por contra, el documento asevera que Herrero se halla «ocupando puesto de trabajo en primera actividad de Comisario Principal Jefe de la Policía Local». Por tanto, el servicio de Contratación municipal alega que al mosso d'Esquadra se le aplican normativas relativas al cuerpo policial catalán específicas para regular la situación administrativa especial de segunda actividad dentro del citado servicio, mientras recuerda que la Policía Local de la Comunitat tiene normas específicas de jubilación que serían las aplicables al caso de Herrera.

El grupo municipal de Compromís Ferran Puchades ha declarado sobre la jubilación del jefe de la Policía Local que «los deseos confesados por la alcaldesa de que el comisario jefe José Vicente Herrera continuara ejerciendo su cargo tras cumplir la edad legal de jubilación, que alcanzará el 28 de abril, se han roto ante la resolución del propio Ayuntamiento, que ha declarado que no existe ningún ardid legal, ni sentencia ni norma, que permita a Herrera continuar en activo más allá del día de su cumpleaños».

Puchades ha cargado contra Catalá argumentando que la alcaldesa «ha estado dando alas durante meses a interpretaciones de la ley que, según ella, podrían permitir que Herrera pudiera seguir». De hecho, el edil nacionalista ha apuntado a que la primera edil «incluso llegó a anunciar que iba a pedir un cambio legislativo para hacerlo posible. Por su parte, Herrera esgrimía una sentencia que la resolución municipal ha desmontado de forma clara. La jubilación forzosa es a los 65 años, ni un día más».

Es por ello por lo que desde Compromís instan a la alcaldesa a tomar decisiones de manera inmediata sobre la sucesión en el cargo de Comisario Principal Jefe a partir del 29 de abril, «para no dejar ningún vacío en un puesto tan importante en la organización municipal.»

«Debemos poner de manifiesto y denunciamos la nefasta gestión que está llevando la alcaldesa sobre la situación de la cúpula de mandos de la Policía Local. Ha estado tolerando, cuando no alentando, acciones que han sido denunciadas incluso ante los juzgados y que ponen en cuestión todos los movimientos que Catalá y Herrera han venido orquestando para controlar los puestos más altos de la Policía Local», ha denunciado Puchades que ha lanzado un nuevo dardo a Catalá advirtiéndola de que la neutralidad de la administración pública «es una garantía para toda la ciudadanía de que las instituciones funcionan al servicio de los intereses generales y no de los particulares y partidistas, como acostumbra a hacer el PP.»