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Pere Fuset. EP
El calvario judicial que espera a Fuset

El calvario judicial que espera a Fuset

Su periplo comienza este viernes al declarar por fraccionar contratos

A. Rallo

Valencia

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Martes, 25 de febrero 2020

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Pere Fuset mantiene el acta de concejal. El aferrarse al cargo también tendría motivos económicos. El calvario judicial del responsable supone al mismo tiempo un desembolso considerable de dinero. Los abogados del Ayuntamiento no ejercen la representación legal del edil.

Fuset buscó desde el primer momento un abogado particular. En algunos de los procedimientos le representa el despacho de Javier Boix, el letrado conocido, entre otros asuntos, por 'salvar' al expresidente Camps del juicio de los trajes. Instrucciones de este tipo, prolongadas en el tiempo, pueden causar un buen agujero incluso en economías saneadas.

El horizonte judicial de Pere Fuset no permite albergar demasiadas esperanzas de unos meses de tranquilidad. Son varios los frentes que permitirán mantener la presión política sobre el responsable de la coalición de Compromís. La primera cita llega ya, esta misma semana. El próximo viernes, salvo sorpresa de última hora, comparecerá en Instrucción 2 de Valencia para declarar por una ampliación de la denuncia por fraccionamiento de contratos. Esta causa parte de un escrito que en su día presentó el asesor del PP Luis Salom.

El cargo de los populares ha dedicado buena parte del último año y medio a interponer denuncias prácticamente contra todos los concejales del Ayuntamiento, tanto de Compromís como del PSPV. Este procedimiento, al contrario que la inmensa mayoría de sus denuncias, ha tenido cierto recorrido judicial. Hasta tal punto que el propio fiscal ya se ha pronunciado al respecto.

En un informe de hace meses, ya alertó de que apreciaba suficientes indicios delictivos de prevaricación. Su conclusión se basa en un informe de la Intervención que afeaba la actuación del edil. Así, recopilaba las adjudicaciones en el periodo analizado (enero de 2016 a mayo de 2018) y concluía que el 75% de todo el importe se realizó a través de contratos menores. En cifras, esto se traduce en 4,8 millones de euros en adjudicaciones y 3,8 a través de la contratación directa. Estos datos supusieron el impulso del fiscal al procedimiento.

Otros de los problemas -quizá, de momento, el más grave- es el juicio por la muerte de un operario que montaba las gradas de Viveros. El juez decretó la pasada semana la apertura de juicio. Del mismo modo, le reclamaban 450.000 euros de fianza. Esta cantidad la deberán aportar todos los acusados. El juicio para el que todavía no hay fecha determinará la responsabilidad penal del edil en el siniestro.

Tanto el juez de instrucción como la Audiencia han coincidió en apuntar como clave una carta que el responsable municipal envió en la que imponía el montaje de las gradas al margen de cualquier procedimiento administrativo. Sólo un pacto entre los acusados, necesariamente debería entrar el Ayuntamiento de Valencia en el pago de las indemnizaciones, alrededor de 250.000 euros, evitaría este tortuoso proceso.

Y, aparte de los dos asuntos anteriores, en el horizonte se espera la investigación por prevaricación al conceder la explotación «novedosa y no ofertada años anteriores» de un kiosko en el exterior del recinto a cambio del montaje de las gradas. La fiscalía también pidió averiguar la explotación de barras de bebebidas y puestos de comidas. Y, por último, el juez, en el escrito en el que ordena la deducción de testimonio, reclama que se aporte también la carta que envió el edil por si pudiera constituir un delito de prevaricación. Salir indemne de todos estos procesos será un reto para el edil de Compromís.

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