La Fiscalía pide tres años de cárcel para los ocho acusados del accidente del metro

Una de las acusaciones particulares, la que representa a Enric Chulió, eleva a cuatro años la petición de pena para los investigados, aunque deja fuera del escrito al que fuera jefe de Talleres, Luis Miguel Domingo. En este caso, el abogado sitúa en 47 los delitos de lesiones graves, aumentando el número de heridos. Otra acusación particular va incluso más allá, al fijar en 43 años de privación de libertad la petición de pena para los exdirectivos de FGV, uno por cada delito de homicidio.

La Fiscalía no concreta las indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente los encausados si son condenados. «Las lesiones de las víctimas no han sido objeto de examen por el médico forense, por lo que procederá la práctica de esta prueba en el plenario», como subraya la calificación provisional. La fiscal Adoración Cano fija la responsabilidad civil directa de la aseguradora Zurich y la subsidiaria de FGV. La acusación particular de Enric Chulió, el que fuera presidente de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J), sitúa en 250.000 euros de indemnización la cantidad a cobrar por él mismo y su hijo, tras la muerte de su mujer y madre, respectivamente, en el siniestro.

La Fiscalía resume principalmente en un párrafo los 27 folios de escrito de acusación con el que señala a los acusados. El ministerio público subraya la «graves deficiencias» existentes en la Línea 1, que eran «conocidas por los organismos encargados de la seguridad en FGV, el Comité de Seguridad en la Circulación y la Dirección de Auditoría para la Seguridad (DASE) y debían haber sido controladas y, en su caso, objeto de sanción o seguimiento por los acusados».

Según la fiscal, existían «unos defectos muy graves de seguridad que no consistieron sólo en la falta de implementación de medidas tecnológicas de control de la velocidad en la línea, sino también en deficiencias del material móvil rodante, deficiencias en la formación y selección del personal para la tarea de maquinista, así como, finalmente, en la inexistencia de plan de prevención de riesgos laborales en esta actividad de transporte que neutralizara los riesgos de velocidad, descarrilamiento y vuelco de los trenes por la Línea 1».

Los ocho acusados de FGV eran «conscientes de que tales deficiencias detectadas en una actividad de transporte de personas conllevaba un riesgo muy grave para la seguridad de las personas, como así ocurrió a las 13'02 h del día 03 de julio de 2006, entre las estaciones de Plaza de España y de Jesús».

El escrito de conclusiones provisionales de la fiscal no es óbice para que antes del juicio pueda llegarse a un acuerdo de conformidad del ministerio público con las partes, como ya tanteó la Fiscalía a algunos investigados antes del verano, después de que la Audiencia reabriera la causa.