La EMT reclama 40 millones a la Generalitat por las tarjetas Suma

Este miércoles hay consejo de la EMT y, precisamente, el anuncio de la demanda es uno de los principales puntos que se lleva a aprobación.

En el punto de este consejo se incluye acordar «la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Autoritat de Transporte Metropolità de 7 de octubre de 2025, que desestima la reclamación formulada por la EMT en 9 de julio de 2025, ante la ATMV, para que se reconozca el derecho de la EMT al cobro de la tarifa de compensación por cada validación de los títulos de coordinación o integración de la ATMV en el servicio que presta EMT SAU».

El desacuerdo entre ambas entidades tiene su origen en una discrepancia sobre el convenio de colaboración suscrito entre la EMT y la ATMV en 2021. En concreto, el desacuerdo está en el cálculo de la compensación que la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia tiene que abonar a la EMT.

Los primeros parten de la idea de que el pago debe de hacerse sobre el precio del billete ya rebajado, descontando las ayudas estatales, y los segundos no lo ven así.

El desacuerdo se viene produciendo desde junio de 2024 y hasta este pasado verano ha generado una deuda de 40 millones, según el cálculo de la EMT, que tuvo que recurrir a solicitar una póliza de crédito de 40 millones para afrontar gastos de móminas y gasoil ante el impago de la Generalitat.

Hace dos meses las dos partes habían alcanzado un principio de acuerdo para garantizar que la EMT siguiera dentro del sistema tarifario integrado SUMA. Entonces se recogía que desde el 1 de julio, la ATMV pagaría la compensación por el 80% de las cuantías que la EMT reclama.

El pacto incluía que los ingresos que ha percibido la ATMV directamente de los usuarios y que perciba en el futuro por la compra de títulos SUMA serán abonados a la EMT, con carácter general el 50% desde enero de 2023 hasta el 1 de julio de 2025, y el 60% a partir del 1 de julio, de las cantidades que reclama la EMT.

En total, la Conselleria accedía a pagar unos 11 millones de euros, pero ha resultado insuficiente porque no solventaba el problema de fondo: el cálculo de las compensaciones.

Ahora, en la presentacón de la demanda que la EMT llevará el miércoles al consejo de administración, se añade que toman como referencia «el importe de cada validación del título multiviaje de referencia sin bonificar, con efectos retroactivos desde junio de 2024 y se proceda al pago de la MET en concepto de liquidación provisional de la tarifa de compensación correspondiente a las facturas de junio de 2024 a mayo de 2025».

En la demanda que se va a interponer también se pedirá el importe de las facturas «que sean rechazadas a partir de junio de 2025, también los costes de cobro, los gastos financieros de todo tipo que deba asumir la EMT para la obtención y gestión de la financiación de los importes adeudados por la AMTV y los intereses de demora contados desde los 30 días siguientes al registro de cada una de la facturas hasta el momento de su completo pago, así como contra cualquier acto, expreso o presunto, que confirme o reproduzca su contenido».

Este anuncio de judicialización del tema de tarjeta SUMA se produce después de que en julio la EMT presentara un escrito de reclamación administrativa previa ante la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) para reclamar las cantidades que se entiende que adeudan a la EMT en virtud del convenio tarifario suscrito entre ambas partes en diciembre de 2021.

En fecha de 7 de octubre, la ATMV respondió a la EMT y concluyó que «no procede el pago de 40.384.121 euros ya que dicha cantidad no deriva de la aplicación de una tarifa de compensación única actualizada, según se prevé en el convenio de colaboración entre la ATMV y la EMT, ni tampoco procede el reconocimiento del derecho de cobro de intereses y gastos que la EMT haya incurrido en su gestión del referido convenio».

Y desde la EMT se detalla que para que haya lugar a distintas interpretaciones en cuanto a la forma y plazos para su impugnación, resulta «procedente efectuar la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente».