cerco a las terrazas en Valencia

Las limitaciones municipales agudizan el enfrentamiento del Ayuntamiento con los hosteleros en los barrios turísticos | Los vecinos defienden bajar la saturación en las calles

Terrazas de bares en una calle del centro de Valencia. /Jesús Signes
Terrazas de bares en una calle del centro de Valencia. / Jesús Signes
PACO MORENO

La guerra de las terrazas ya está en las calles de Valencia. Puede parecer un término demasiado bélico para aplicarlo a un asunto tan mundano como las mesas y sillas que colocan los bares en la vía pública, pero es la impresión que se percibe tras hablar con los hosteleros afectados por la nueva regulación dictada por el Ayuntamiento, estrenada en el Carmen y que tendrá sus dos siguientes escenarios en El Palmar y Ruzafa.

En estos tres barrios hay lamentos e indignación de los hosteleros que deben reducir las terrazas, lo que se extenderá con seguridad a Benimaclet y Ciudad Jardín cuando llegue el momento. «Es normal, el Ayuntamiento te obliga a quitar mesas y sillas con argumentos como que la vía pública debe estar despejada mientras ves cómo en el mismo sitio extiende un mantero productos falsificados y los vende sin ninguna consecuencia. ¿Eso no entorpece esas calles?».

Quien se hace esta pregunta es el presidente de la Federación de Ocio (FOTUR), Víctor Pérez. Uno de los representantes del sector señala que es necesario «buscar un equilibrio en todo el sector y lo que se está haciendo ahora no va por ahí. A los turistas les ofrecemos en Valencia un domingo cualquiera los comercios cerrados y si ahora se reducen las terrazas, entonces ya será el colmo de una ciudad que va en dirección contraria a la correcta».

De manera opuesta opina Antonio Cassola, miembro de Amics del Carme y de la Federación de Vecinos, uno de los impulsores de las restricciones acordadas en la Mesa de Terrazas. «Había un problema serio con este tema», asegura, para indicar que tras las restricciones llega el momento en el que el Consistorio «debe ejercer una tutela más efectiva con las sanciones».

El Ayuntamiento ha pedido a la Generalitat las competencias para tramitar las multas graves y muy graves en todo lo que se refiere a los locales de ocio, aunque «las terrazas es un problema más visible y por lo tanto había que empezar por ahí», considera el dirigente vecinal.

Una terraza en el barrio de Ruzafa.
Una terraza en el barrio de Ruzafa. / J. Signes

El criterio aplicado en el Carmen, Ruzafa y El Palmar se extenderá a toda la ciudad como principio general. «La mitad de la superficie de un espacio público debe quedar libre para el paso de peatones», dice Cassola como ejemplo. En las plazas es más sencillo de medir esto que en las calles, por lo que la siguiente premisa es acabar con la ocupación por colindancia de los locales, es decir, que sólo se pueda ocupar el ancho de la fachada propia.

«Nos hemos fijado en las zonas más críticas y densas porque tampoco podemos repasar toda la ciudad», dice sobre el trabajo de la Mesa de Terrazas. «Ahora lo importante es que no se tarde cinco o seis meses en tramitar una denuncia porque entonces esto no habrá servido para nada», adujo.

Una de las principales quejas de los hosteleros, como ha sido en el caso de El Palmar, es que no se pueden cambiar las condiciones del permiso de la terraza. «Sí que es posible», replica Cassola, dado que «es una autorización en precario y el Ayuntamiento puede cambiarla».

Consideró que en las zonas más congestionadas, la reducción de mesas y sillas estará entre un 20% y un 25% tras la revisión de los permisos. Esto afectará sin duda a los ingresos de la tasa anual que cobra el Consistorio, aunque hasta que no acabe el proceso no podrá saberse la afección.

La eclosión de las terrazas en Valencia está ligada a su desarrollo como destino turístico, aunque también se debe a la aplicación de la ley antitabaco, que después de una desafortunada normativa que obligó a los hosteleros a colocar mamparas, se modificó en favor de la prohibición total. Ocurrió el 30 de diciembre de 2010 y a partir de esa fecha se dispararon las solicitudes.

Las terrazas dividen a hosteleros y vecinos.
Las terrazas dividen a hosteleros y vecinos. / J. S.

Una de las asociaciones de hosteleros más activas los últimos meses en el barrio del Carmen es Albarca. El presidente de la entidad, Jesús Ortega, asegura sin matices que «nos castigan sin motivo», para asegurar que el problema «planteado en el Carmen en realidad no existe. Desde la aplicación de las medidas cautelares de la Zona Acústicamente Saturada las mediciones de ruido están bajando, por lo que no entendemos la razón de que tomen esta medida de manera unilateral».

La entidad ha presentado alegaciones contra las medidas definitivas, en realidad una sola, que pasa por adelantar media hora el horario de cierre de las terrazas. «Levantan antes las mesas y sillas nos impedirá trabajar con normalidad en el servicio de cenas», subraya.

Ortega cita como ejemplo lo ocurrido en la calle Roteros. «Han reducido el espacio de las terrazas a menos de un metro, una tomadura de pelo porque sólo caben taburetes. Tenemos que reformar los cuartos de baño para discapacitados pero luego no podemos ofrecerles un servicio digno en la terraza», dice.

La Federación de Hostelería ha tomado postura en los dos asuntos que atañen al Carmen. En cuanto a la reducción de horarios no están de acuerdo con la propuesta del Consistorio ahora en fase de alegaciones, al señalar que todo lo que sea avanzar hacia una Zona Acústicamente Saturada es negativo. Así lo reiteraban la pasada semana en un comunicado donde se desmarcaban de cualquier amago de protestas como un cierre de locales.

En cuanto la reducción de terrazas, la entidad la considera necesaria en el caso de Ruzafa, precisamente para evitar que ocurra lo mismo que ha pasado en el Carmen, a saber, la declaración de ZAS. De ahí que en la Mesa de Terrazas no se opusieran a la medida.

El Ayuntamiento de Valencia tiene censadas 3.545 terrazas.
El Ayuntamiento de Valencia tiene censadas 3.545 terrazas. / J. Signes

El mismo punto de vista tiene el presidente de la asociación de hosteleros de Ruzafa, Diego Infante, ante la inminente reducción del número de mesas y sillas. «En caso contrario vamos directos a una declaración ZAS con limitación de horarios y eso es lo que no debe pasar», dice.

Este asunto ya está en el juzgado, donde la plataforma vecinal Russafa Descansa ha presentado un recurso contra la decisión del gobierno municipal de no promover su declaración. Desde el anterior mandato, en esta parte de la ciudad los locales de ocio y hostelería se rigen por unas limitaciones urbanísticas, en cuanto a restricciones de aperturas, aunque sin cortapisas respecto a los horarios de terrazas y negocios.

El último capítulo de esta 'guerra' se encuentra en la pedanía de El Palmar, donde una treintena de hosteleros recibieron este viernes las notificaciones con las fechas para el marcado de sus terrazas. Al igual que en los casos anteriores habrá restricciones de mesas y sillas.

El secretario de la asociación de empresarios, Vicent Bru, ha alertado de que esta estrategia dejará en el paro a muchas familias. «El Ayuntamiento no sabe a lo que se expone con esto y el mal que nos causa a todos», asegura.

La regulación seguirá en el resto de zonas de Valencia. El Consistorio tiene un censo de 3.545 terrazas en la matrícula de la tasa, el doble que en 2010. Estos ocho años han cambiado por completo el panorama de la hostelería en la ciudad y las protestas se sitúan de momento en la fase de las alegaciones, aunque es probable que se llegue a protestas en la calle.

J. S.
El detonante fue la reducción en el paseo Ruzafa

La ejecución de una sentencia ganada por una comunidad de propietarios en la calle Convento Santa Clara, en pleno centro de Valencia, fue el detonante el pasado año de las restricciones a las terrazas de los bares, que en esta parte de la ciudad ya habían sufrido un aumento en el pago de las tasas. El recorte afectó al entorno formado por las calles Ribera, Ruzafa, Mossén Femades y Convento Santa Clara, donde en algunos casos se llegó una reducción de hasta el 50% de mesas y sillas que tenían anteriormente. En la práctica supuso quitar al menos una fila de mesas y sillas a cada uno de los 52 locales, además de eliminar el derecho de colindancia. Los empresarios anunciaron recursos, aunque el gobierno municipal adujo que debían cumplirse las condiciones establecidas en el fallo judicial, con lo que siguió adelante con la decisión. Desde entonces, las empresas afectadas han tenido que reducir plantilla y las calles peatonales están más despejadas.

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