La condición del PSPV para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia: un bulevar García Lorca por el que no pase ningún coche

La principal condición es que quieren que se retome el proyecto de la anterior legislatura de crear un «corredor verde por el que no pase ningún coche», en referencia a una zona gran ajardinada que cosa los barrios de San Marcelino, San Isidro y hasta llegar a Vara de Quart, con un bulevar García Lorca por el que no pasen vehículos, una petición que contrasta con los planes del PP, ya que han encargado un estudio para remodelar la planta viaria y donde sí contemplan que pasen coches por la avenida.

A la pregunta de si condicionan este corredor verde a llegar a un acuerdo para las Zonas de Bajas Emisiones, la respuesta de Sanjuan ha sido rotunda: «Si no hay un corredor verde por el que no pasen coches, es decir, si no le mandan a Gustavson una planta viaria por donde no circule ningún coche no puede haber acuerdos de la Zona de Bajas Emisiones».

Sobre este asunto, el portavoz del PSPV ha añadido que «no podemos aprobar una Zona de Bajas Emisiones y a la vez que no ganemos que en la principal obra de infraestructura de esta ciudad hagamos una nueva autovía urbana. No tendría ningún sentido».

Sanjuan ha explicado que al final la Zona de Bajas Emisiones «es una cuestión de modelo, de cómo se relaciona la ciudad con el tráfico y Valencia, a diferencia de otras ciudades, tras el Jardín del Turia, tiene la oportunidad de generar un espacio verde y si permites crear una avenida por la que pasan coches, no estás avalando una política de reducción de emisiones sino haciendo un efecto llamada para que vengan más coches».

Sanjuan y Pérez han explicado que si el PP no incluye este corredor verde en la negociación «Valencia puede perder 115 millones de ayudas ya comprometidas».

Ambos han recordado que precisamente «Gustavson está esperando ver qué propuesta lanza el gobierno local en el Bulevar García Lorca porque han vinculado la propuesta de la planta viaria a un estudio de movilidad». Han asegurado que el tema «ahora mismo está parado, a la espera de conocer el estudio donde intentarán recoger lo que ya han planteado para la planta viaria con coches».

Borja Sanjuan también ha recordado que el plazo de la negociación «se limita sólo a esta próxima semana porque aunque el plazo máximo para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones es el final de año para no perder las ayudas, sólo queda una semana efectiva de negociación porque se precisa un mes de publicación y 15 días que querían poner de avisos sin aplicar sanciones y todo ello ya suma 45 días. Al final tendrán que ir a un pleno extraordinario».

De igual modo, han puesto otras tres condiciones para aprobar la ZBE y evitar perder los 115 millones que están en juego y son: «ampliar el número de vehículos afectados por la ZBE para poder reducir significativamente la contaminación», según Sanjuan. Tal como han detallado la propuesta del PP «no afecta a casi ningún coche y sólo lo haría al 8% al llegar a 2028». Ellos proponen que también afecte a los coches con etiqueta B de fuera de la ciudad (lo que según el PP supondría afectar al 53% de los coches).

También piden ampliar el área de aplicación de las restricciones de ZBE a toda la ciudad, para «que no queden fuera barrios como San Marcelino, San Isidro y el Marítimo porque de lo contrario, se convertirían en zona de aparcamiento de todos los coches que entren en la ciudad».

Y en tercer lugar, «acortar los plazos de aplicación de las medidas porque Catalá ha presentado la ZBE más laxa de toda España. En Madrid, ciudad en la que se suelen mirar mucho, ya en 2026 están prohibidos los coches con etiqueta A dentro de la ciudad. Nos llevan dos años de ventaja en el calendario y Barcelona ya aplica la restricción de la etiqueta B para 2026 en episodios de contaminación», ha añadido María Pérez.

A pesar de marcar estos condicionantes al PP, han insistido en que sí quieren negociar para que el Ayuntamiento no pierda 115 millones de ayudas. «El plazo para negociar está acotado y más allá de la responsabilidad de la alcaldesa, está la responsabilidad del concejal de Movilidad y si no es capaz de parobarlo en el plazo que marca la ley, será el responsable de perder 115 millones y si eso fuera así, debería de dimitir a fecha del 31 de diciembre».