El alcalde reduce la cifra de preguntas que la oposición podrá hacer en el pleno

El equipo de gobierno en la anterior legislatura. / damián torres
El equipo de gobierno en la anterior legislatura. / damián torres

La medida llega tras la adoptada para dejar sin dedicación exclusiva a la mitad de los ediles sin funciones de gobierno

I. D.VALENCIA.

Queja unánime de los grupos de la oposición tras la junta de portavoces realizada ayer en el Ayuntamiento de Valencia. Ni PP ni Ciudadanos ni Vox salieron conformes de la reunión tras conocer las decisiones adoptadas por el alcalde, Joan Ribó, sobre la organización de los grupos municipales, la dedicación exclusiva o parcial de los ediles o el número de asesores. Aspectos que estaban pendientes antes de la celebración del pleno extraordinario de organización que se celebrará el próximo miércoles, día 17.

Así, ayer se conoció que Ribó ha decidido limitar el número de preguntas escritas que los partidos sin funciones de gobierno -esto es, PP, Cs y Vox- podrán presentar al pleno a partir de ahora. Estas cuestiones se dirigen a los distintos servicios municipales, se entregan a la conclusión de cada sesión mensual y sirve para que los grupos de la oposición controlen la actividad realizada por el equipo consistorial (conformado en esta legislatura por Compromís y el PSPV).

Una decisión que, además, se produce tras otra que también generó polémica y que, precisamente, se hizo pública hace ahora una semana: la mitad de concejales de la oposición no tendrán derecho a dedicación exclusiva. Para ello, Compromís (Ribó) esgrimió la conocida como ley Montoro para asegurar que en las corporaciones del tamaño de Valencia no puede haber más de 25 ediles con dedicación exclusiva.

Entonces, la oposición salió en tromba a exigir que ese reparto de las dedicaciones parciales se haga entre todos los concejales, incluidos los del gobierno, al entender que si no es así se considera «de segunda» a los representantes de PP, Ciudadanos y VOX, y se menoscabaría su derecho a ejercer una oposición tal como marca el resultado electoral.

La escena se repitió ayer por la limitación de las preguntas del pleno (serán cinco por concejal y cinco por grupo), algo que nunca se había realizado y que ha agotado la paciencia de la oposición. Tanto es así que incluso que la portavoz del PP, María José Catalá, avanzó que su grupo no descarta adoptar «alguna decisión judicial» ante «todas las decisiones que supongan una merma para ejercer la oposición en condiciones de normalidad» por «la falta de proporcionalidad» en la organización de la corporación, entre el ejecutivo y la oposición, y la «limitación de derechos» de esta última.

Así, Catalá acusó a Compromís y PSPV de pasar, en la organización del consistorio para el nuevo mandato, «el rodillo» para que los miembros de la oposición no puedan «ejercer correctamente» sus «derechos fundamentales», entre ellos, el de estar informados y el de preguntar en los plenos sin límite de preguntas. «No se nos informa de nada y se confirma que se pasa el rodillo para que no podamos ejercer correctamente nuestros derechos fundamentales», criticó.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, censuró al alcalde por haber adoptado estas decisiones. «Estamos viendo al Ribó más sectario, al Ribó 'pata negra' que hace rodillo y que le está quitando todas las posibilidades a la oposición de hacer su trabajo con dignidad», criticó. A su juicio, ha perdido la oportunidad de «demostrar que es el alcalde de todos los valencianos, máxime con unos resultados electorales tan ajustados».

También el representante de Vox, José Gosálbez, arremetió contra las medidas de Ribó al entender que «lo único que pretenden» los miembros del nuevo ejecutivo de la ciudad es «limitar el derecho de la oposición».

Por otro lado, la junta de portavoces acordó que los plenos ordinarios se mantendrán igual que en la legislatura pasada, es decir, los jueves a las 09.45 horas. Y que las comisiones estarán integradas por tres concejales de Compromís, dos del PSPV, dos del PP, uno de Ciudadanos y otro de Vox, los mismos que para juntas de distrito, organismos autónomos y empresas públicas.