El abogado de uno de los menores investigados por la violación grupal pide que se respete la presunción de inocencia

Uno de los abogados de los menores investigados por la agresión sexual en grupo que sufrió un adolescente de 13 años, durante un viaje a Málaga de un grupo de escolares de Valencia, pide que se respete la presunción de inocencia de los jóvenes implicados.

El letrado recalca también que la jueza de menores ha dictado un auto de sobreseimiento de la causa abierta contra dos de los investigados al considerar que no hay suficientes pruebas para continuar la acusación contra ellos, aunque la decisión debe ser revocada o ratificada por la Audiencia Provincial de Valencia.

Según el abogado de la defensa, «un informe pericial descarta las 300 llamadas de acoso y los numerosos vídeos de contenido sexual» que el psicólogo refirió en la denuncia contra la manada. Tras estudiar el contenido del móvil del menor, «no se puede desprender la participación en conducta de hostigamiento o acoso» de los dos investigados cuya causa fue sobreseída, e incluso uno de ellos realizó un trabajo escolar con la víctima y otros estudiantes sin ningún incidente.

También asevera que otro de los menores interrogados no estuvo en Málaga durante el viaje escolar, por lo que no pudo participar en los hechos, y desmiente que los psiquiatras y el médico forense hayan respaldado la denuncia.

Después de tomar declaración a la víctima y a siete adolescentes, tres de ellos menores de 14 años, la Fiscalía de Menores solo acusa a uno de los jóvenes y pide una pena de 15 meses de internamiento en régimen cerrado. La condena que solicita el Ministerio Público está complementada con otra medida punitiva de dos años de libertad vigilada y la obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual.

Sobre el sobreseimiento libre acordado respecto a uno de los menores, la acusación particular considera que la decisión de la jueza «imposibilitaría su futuro enjuiciamiento en caso de que aparecieran nuevos elementos probatorios de cargo en su contra».

La mejora del estado psicológico de la víctima podría ayudar a esclarecer los hechos y cambiar incluso la situación procesal de algunos de los investigados, ya que cuando el menor prestó declaración en la Ciudad de la Justicia «no estaba en condiciones de profundizar por riesgo de recaída», según el psiquiatra.

La acusación particular considera también «la más que posible responsabilidad» de la dirección del colegio, cuya omisión en la protección del menor podría derivar en una responsabilidad civil. A pesar de conocer la existencia de episodios previos de acoso y violencia escolar, «el centro escolar nunca adoptó medidas tendentes a la prevención de una situación de 'bullying' que culminó en la presunta agresión sexual», afirma el recurso presentado por el abogado de la víctima.

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