«24 euros por cada día en la cárcel es una cantidad ridícula. Estamos muy frustrados»

Desde el 8 de mayo de 2018 hasta el 20 de junio de 2019. Un año, un mes y 12 días. 408 días. 9.792 horas. Aunque se escriba de diferentes maneras, pasar este tiempo en prisión sin ser culpable, no es ni mucho menos un plato de buen gusto.

María es el nombre ficticio de la mujer que pasó más de un año en la cárcel de Picassent pese a no haber cometido ningún delito. Esta mujer, nacida en Córdoba hace 66 años, ingresó en el centro penitenciario por un supuesto delito contra la salud pública del que resultó absuelta tras una sentencia del Juzgado de lo Penal número 10 de Valencia. La mujer permaneció en prisión preventiva ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Carlet.

Esta mujer, quien no desea efectuar manifestaciones sobre su caso, estuvo representada por el despacho de abogados Matilla y Pastrana. Diego Fernández López, uno de los letrados, ha calificado de «superfrustrante» la resolución de la Audiencia Nacional que ha concedido una indemnización de 10.000 euros a María.

«Si se hace una simple división, sale que por cada día en prisión, con sus 24 horas y en ese ambiente hostil, recibirá algo más de 24 euros. Nos parece una cantidad ridícula», ha explicado Fernández. Este abogado ha recordado, a modo de ejemplo comparativo, que cuando se produce un retraso en un vuelo de más de tres horas, «ya te corresponde una indemnización de un mínimo de 250 euros».

Fernández ha recordado que, por el daño moral ocasionado, solicitaban una cantidad de 65.881 euros, muy lejos de la que finalmente les han concedido.

Aunque la mujer está «bien y animada» después del tiempo transcurrido, sigue sin olvidar lo ocurrido. Toda esta situación, según apunta el abogado de María, se produjo porque su pareja en 2018, «que sí ha sido condenada», traficaba con droga y se le encontró «una importante cantidad de hachís en su casa» en un municipio de la provincia de Valencia. La mujer, recordó el abogado, permitió la entrada de la policía en su domicilio «sin que tuvieran un mandato policial porque no era consciente de lo que había. Ella estaba tranquila e ignoraba que hubiera droga en la casa».

Fernández y sus compañeros están planteándose el recurso a instancias superiores, tanto ante el Tribunal Supremo como ante el Constitucional e incluso ante la justicia europea. No tanto por el caso de María, que también, sino para que varíe el criterio, «se genere un cambio en este tipo de casos y podamos ser pioneros a la hora de indemnizar más adecuadamente a quienes sufren estas situaciones».

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