Condenan por negligencia a las dos médicas del caso de Aitor, el niño muerto en Petrer tras acudir cinco veces a Urgencias

El juzgado de lo Penal número 2 de Alicante ha condenado por mala praxis a las dos médicas juzgadas por homicidio por imprudencia grave en el caso del niño fallecido en Petrer a causa de un peritonitis después de acudir hasta cinco veces a Urgencias, según informa TodoAlicante. La magistrada acuerda, además, la imposición de indemnizaciones que rondan los 180.000 euros, según la sentencia a la que ha tenido acceso TodoAlicante.

La resolución fija una pena de dos años de cárcel e inhabilitación para ejercer la profesión durante tres años y seis meses a la pediatra del Hospital General de Elda implicada en la causa. Para la doctora del centro de salud juzgada por los mismos hechos establece un año de prisión e inhabilitación por un periodo de tres años.

Aitor murió en octubre de 2020 como consecuencia de las complicaciones derivadas de una apendicitis aguda que, según acredita el fallo, no fue tratada de manera diligente. Agrega la resolución que el fallecimiento del menor podría haberse evitado si la respuesta médica hubiera sido diferente.

El juicio por este suceso se celebró la semana del pasado 24 de marzo en varias sesiones llevadas a cabo en el salón de actos de los juzgados de lo Social de Alicante. La primera vista estuvo marcada por la emoción de la abuela y tutora legal de Aitor, Marta González, que se rompió durante la declaración. Una de las frases más contundentes que dejó su testimonio fue que el deceso «se podía haber evitado con un análisis».

La Fiscalía de Alicante solicitaba prisión para las dos enjuiciadas, una pediatra del hospital de Elda, médica residente en el momento de los hechos, y una médica de familia del centro de salud Petrer II. El Ministerio Público consideraba que las facultativas cometieron un delito de homicidio por imprudencia, por lo que solicitaba inicialmente una pena de dos años y cuatro meses de cárcel para la primera y otra de un año y diez meses para la segunda, además del pago de 148.000 euros.

Mientras, la acusación particular reclamaba 21 años de cárcel para cada una y una indemnización de 1,8 millones de euros. Finalmente, la magistrada ha optado por elevar en un 25% las cantidades indemnizatorias solicitadas por el ministerio público, al tiempo que declara la responsabilidad civil subsidiaria directa de la aseguradora afectada y, de forma subsidiaria, de la Conselleria de Sanidad, departamento para el que trabajaban las dos procesadas en el momento de producirse los hechos.

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