Piden un año de cárcel al dueño de un bar por echar a dos lesbianas por besarse y acariciarse

Los hechos, que investiga un juzgado de Instrucción, ocurrieron el pasado mes de julio, según las mismas fuentes, cuando el acusado recriminó a las víctimas, una pareja de mujeres, que se estuvieran besando y acariciando, algo que, según él, "molestaba" al resto de clientes.

El hostelero pidió a la pareja que se marchara de su establecimiento por ese motivo, lo que la fiscalía califica como un delito contra los derechos fundamentales, también llamado coloquialmente como "delito de odio".

El Ministerio Público aplica a la conducta del sospechoso un apartado del artículo 510 del Código Penal, según han explicado fuentes de la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela.

Ese artículo castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel y multas a quienes "lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito" a un colectivo por razones de sexo, orientación sexual, raza, ideología, religión o enfermedad, entre otras razones.

No obstante, la acusación pública contempla también la posibilidad de una calificación jurídica alternativa, basada en el artículo 512 del Código Penal, que prevé entre uno y cuatro años de inhabilitación para empresarios y profesionales que discriminen y denieguen "la prestación de un servicio" a ciudadanos con derecho al mismo.

El presidente de Diversitat, un colectivo LGTBI de Alicante, Toño Abad, ha expresado su satisfacción por la decisión de la fiscalía de pedir cárcel para el dueño del bar ilicitano y ha anunciado que su asociación pondrá sus servicios jurídicos a disposición de las afectadas.

En declaraciones a Efe, Abad ha señalado que Diversitat tiene contabilizadas 79 consultas "sobre incidencias de odio" relacionadas con la homofobia en la provincia de Alicante a lo largo de 2017.

De ellas, 14 acabaron en denuncias y procedimientos judiciales por agresiones y delitos de odio cometidos contra el colectivo, con un total de 21 víctimas.

"Valoramos mucho la decisión de la Fiscalía de Elche porque muchas veces nos vemos desamparados en el ámbito judicial, donde cuesta mucho aplicar al agravante de odio de estos delitos·", ha indicado el portavoz del citado colectivo.