La Audiencia de Valencia ordena que investiguen al alcalde de Silla por un presunto delito de coacciones

Los hechos denunciados describen unas expresiones que contienen «inequívoca y literalmente el anuncio de un mal futuro» e indeterminado: «Esta vez no va a pasar nada, pero a la próxima tomaremos medidas», dijo un policía en tono amenazante a una mujer de 73 años, porque había criticado al alcalde en una red social.

El tribunal considera que estas palabras son «elemento objetivo del delito de amenazas». Además, la gravedad del suceso aumenta «si se tienen en cuenta las circunstancias personales de los sujetos intervinientes, por una parte una mujer de edad avanzada, y por otra los actores inmediatos en número de dos (dos policías locales) y revestidos del rango de agentes de la autoridad, realizando una intervención de difícil encaje en sus funciones policiales», señala el auto de la Sección Cuarto de la Audiencia Provincial de Valencia.

La resolución judicial añade que las supuestas coacciones tuvieron lugar en las puertas del propio domicilio (de la víctima), «lugar donde el respeto al sentimiento de protección debe ser absoluto, con la consiguiente carga intimidatoria e intranquilizadora que se desprende de estas circunstancias».

Como ya informó LAS PROVINCIAS, las escuchas telefónicas de una operación antidroga desvelaron que el alcalde de Silla, el diputado socialista Vicente Zaragozá, ordenó al jefe de la Policía Local que asustara a una vecina que le había criticado en una red social, y le dijo también que lo hiciera de alguna manera que la mujer no pudiera denunciar «abuso de autoridad».

Aunque el comisario Pedro O. le dijo que la votante del PP era una mujer mayor y que su intención no era calumniar, el alcalde rio a carcajadas e insistió en que tenían que asustarla, según el atestado que la Guardia Civil remitió al juzgado. Durante la conversación telefónica, Zaragozá comentó también que el acoso había que hacerlo sin que la víctima pudiera decir que el alcalde «estaba utilizando recursos públicos para fines privados».

Los hechos investigados sucedieron tras publicar una mujer de 73 años un comentario en Facebook en el que insinuaba que Zaragozá podría haber cobrado una comisión por la instalación de unos maceteros en zonas ajardinadas del pueblo. Días después, el alcalde y el comisario mantuvieron la siguiente conversación telefónica grabada por la Guardia Civil:

-Alcalde: ¿Qué pasa Peter?

-Comisario: Vale, ya he leído esto. Depende de la perspectiva que tú quieras. Dice (la vecina) seguro que se ha tenido que llevar comisión de los maceteros, de lo contrario no se hubiese gastado tanto (...) Ahora te pregunto: ¿quieres llevarla al juzgado o quieres asustarla? Ahí el rollo...

-Alcalde: ¿En qué consiste cada cosa?

-Comisario: Llevarla al juzgado (presentar una denuncia) yo siempre digo que es como tirar una moneda al aire y que la absuelvan por lo que sea. Material hay por calumnias a una autoridad pública con publicidad, pero tú ya sabes que el juzgado es una lotería. Creo que la otra vez conseguimos que se disculpara, que se retractara, ¿verdad?

-Alcalde: Sí. ¿Y qué sería asustarla?

-Comisario: Enviarle a la poli a casa para hacer el paripé y ver si se retracta o algo, no sé (...) Usted es fulana de tal, usted ha puesto este comentario, ¿lo admite? Y el siguiente paso sería (...)

-Alcalde: Bueno lo primero es asustarla, y después ya (...) Voy a decirte la verdad, sé que esto no va a ir a ningún sitio, porque al final los jueces son unos hijos de la grandísima puta, pero yo por lo menos quiero hacer ruido.

Según la Audiencia Provincial de Valencia, el comentario hecho en una red social sobre la acción pública del alcalde, «mientras no sea declarado judicialmente injurioso, calumnioso o atentatorio contra el derecho al honor, forma parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión».

Y cualquier presión o reprensión verbal para coartar dicho ejercicio, «en principio puede ser constitutiva de un delito de coacciones, dada la ilegitimidad del proceder acompañado de la violencia psíquica intimidante», afirma el auto.

El tribunal concluye que los hechos denunciados merecen ser investigados para comprobar si fueron cometidos, y afirma que la jueza de Carlet debe seguir el camino procesal del delito leve o el del procedimiento abreviado tras la breve instrucción que considere.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, la víctima solicitó la continuación de la causa por considerar la conducta del alcalde «un patente abuso de autoridad generador de temor e intranquilidad a la denunciante, o lo que es lo mismo, susceptible de ser constitutiva de un delito de amenazas o coacciones».

La mujer acosada, cuya identidad omitimos para preservar su intimidad, presentó una denuncia ante la Guardia Civil y también acudió a un pleno para pedir explicaciones a Zaragozá. La víctima se sintió intimidada en su domicilio por dos policías locales cuando le dijeron el motivo de su visita: el comentario peyorativo sobre el primer edil.

Según la denuncia, los policías acudieron a su casa «de parte del Ayuntamiento». Tras el incidente, los agentes salieron de la vivienda y realizaron servicios policiales que nada tienen que ver con las «alcaldadas», como ellos mismos se referían a algunas órdenes que recibían de Zaragozá.

Las escuchas telefónicas fueron autorizadas por otra jueza durante la Operación Connivencia, nombre que le dio la Guardia Civil por la presunta confabulación entre el jefe de la Policía Local de Silla y la dueña de un 'narcopiso'. La operación antidroga se saldó con la detención en Silla y Burjassot de cuatro mujeres y tres hombres de entre 32 y 63 años de edad.

La causa abierta por los delitos de organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales derivó en otra investigación tras la intervención de los teléfonos de la traficante y el comisario. Las diligencias incluyen las transcripciones de las escuchas a los dos investigados, y conversaciones entre el mando policial y el alcalde, que no sabía que el comisario tenía el teléfono intervenido.