Los inculpados de la trama del puerto alegan que no son usuarios del sistema de encriptado Sky
Los acusados de introducir 1.650 kilos de cocaína en Valencia no se reconocen en las miles de conversaciones descifradas por la Guardia Civil
Ignacio Cabanes
Valencia
Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:00
Los presuntos narcotraficantes detenidos en 2022 gracias al desencriptado del sistema de comunicación por mensajería Sky han declarado este jueves que nunca han usado este método de encriptación ni saben cómo funciona. Los procesados, que se han acogido a su derecho a responder solo a las preguntas de sus abogados (dos de ellos ni siquiera han querido declarar), no se reconocen como era previsible en las miles de conversaciones y mensajes destapados por los investigadores de la Guardia Civil, al igual que tampoco se identifican con los nick que hacen referencia a cada uno de ellos.
Este jueves ha sido un día clave en el juicio, que proseguirá el próximo 23 de diciembre, contra los 14 acusados de introducir 1.650 kilos de cocaína en dos contenedores en el puerto de Valencia en agosto de 2020. Entre los acusados están tres de los investigados en la operación Spider contra el llamado cartel del puerto, de hecho dos de ellos son considerados los presuntos cabecillas de la mafia portuaria, Iván T. R. y Borja M. R., ambos estibadores y en prisión provisional por la causa que instruye el juzgado número 15 de Valencia con 81 imputados.
Más que por las declaraciones que pudieran realizar los acusados, quienes ya se sabía que solo iban a responder a las preguntas de sus respectivos abogados, la sesión era importante por la pericial conjunta realizada entre dos peritos propuestos por las defensas y otros dos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, que ya declararon como investigadores, para tratar de dilucidar los aspectos técnicos del sistema Sky y su desencriptado.
Esta es la clave de todo el juicio al pretender las defensas tumbar dichas comunicaciones como prueba válida por la forma en la que fueron obtenidas, ya que entienden que vulneran los derechos fundamentales de sus representados.
Otra de las cuestiones es el hecho de no haber comunicado al país de origen del usuario para acceder a la comunicación una vez que tenían la posibilidad de desencriptar dicho sistema. Según han señalado los peritos de parte sí que se tenía acceso, mediante los datos de tráfico de las operadoras de telefonía móvil, a la geolocalización de las antenas y al ángulo que marca la zona de cobertura.
Asimismo, otro de los caballos de batalla de las defensas es que los archivos que llegaron al juzgado y que constan en la causa no pueden considerarse evidencias digitales originales. Para que sean considerados como tal los mismos deben de ser auténticos y verificables. Así, sin entrar en aspectos muy técnicos, para que fuera considerado prueba válida, según las defensas y han refrendado los peritos, se debía contar con los PCAP (evidencias originales encriptadas) y los JSON (evidencias originales desencriptadas), y ninguna de ellas ha sido aportada al procedimiento.
Como ya informó LAS PROVINCIAS, los abogados de los acusados esgrimen vulneración de derechos fundamentales en la forma en la que los investigadores tuvieron acceso a dichas comunicaciones después de que un equipo conjunto de las policías franceses, holandeses y belgas lograran en 2021 desencriptar este sistema de mensajería, con 170.000 usuarios (no todos ellos delincuentes) y el funcionamiento de sus dos servidores.
Además, los letrados cuestionan la cadena de custodia de las citadas pruebas, que consideran nulas al no tener constancia del origen y autenticidad de las evidencias digitales. A ello se suma la práctica fuera de plazo de varias diligencias, entre ellas la toma de declaración de los investigados.
Pero el fiscal antidroga de Valencia, Ismael Teruel, no tiene dudas sobre la legalidad de la obtención de la prueba, y solicita penas que van desde los siete años de prisión a los 16 años a los que se enfrenta Fernando M. S., uno de los dos presuntos cabecillas de la organización criminal junto a Onofre G. R., propietario de un gimnasio de Quart de Poblet.
Este último procesado, que ha sido detenido en dos ocasiones por la Guardia Civil por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, se enfrenta a una pena de 13 años y medio de cárcel. El fiscal considera acreditado que ambos «asumían el mando y dirección de este entramado criminal».
