Los obispos afrontan divididos la reflexión sobre los abusos sexuales y la amnistía

El informe llega más tarde de lo previsto, cuando el Defensor del Pueblo ya ha hecho y publicado el suyo, que pone en mal lugar a la curia por la estrategia de «ocultación» llevada a cabo para tapar las agresiones sexuales en su seno.

El estudio, de más de dos mil páginas, no cifra la magnitud del problema mediante un cálculo demoscópico, pero sí emite una serie de recomendaciones para que el clero entone un 'mea culpa' y apueste por un resarcimiento a los damnificados. Según lo poco que ha transcendido, el trabajo de Cremades & Calvo Sotelo recomienda la creación de un fondo de compensación a las víctimas, la apertura de archivos eclesiásticos y una petición de perdón formal a las víctimas.

El estudio del bufete llega en un mal momento para los obispos, que se hallan muy divididos no solo por retrasos en la presentación del informe, sino porque las diferencias de talante se hacen palpables. Prueba de ello es que en la jerarquía católica se han configurado dos bloques que anticipan la polarización a que harán frente en marzo del año que viene, cuando se elija al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Los mitrados conservadores se inclinan por Luis Argüello, exsecretario general y exportavoz del episcopado; y los más abiertos, que se alinean a favor del nuevo cardenal de Madrid, José Cobo.

Estas dos tendencias afrontan con criterios dispares el problema de los abusos sexuales. Los conservadores, con Luis Argüello, a la cabeza, minimizaron en su día el problema hasta reducirlo a unos «pequeños casos». «¿Por qué se pone el foco solo en la Iglesia católica? Hay casos en federaciones deportivas, ¿se ha pedido una investigación general al COE o a la FIFA?», dijo Argüello hace ahora dos años.

El hecho de que el Defensor del Pueblo se haya adelantado al despacho de abogados ha irritado a los obispos, hasta el punto de que algunos de ellos se preguntan de qué sirve una auditoría ahora cuando el relato ya está cuajado. El Defensor del Pueblo habla de que un 0,6% de la población española sufrió abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos, y un 1,13% por parte del entorno eclesial, lo que incluye no solo a clérigos, sino también a profesores, catequistas y monitores. De todo ello se infiere que entre 236.000 y 445.000 personas soportaron agresiones sexuales en un contexto en que la Iglesia estaba involucrada. El debate ha llegado a un grado tal de encrespamiento que hay miembros de la jerarquía que abogan por no pagar la minuta del despacho de Cremades, que se eleva a 1,2 millones de euros.

La división se extiende a otros ámbitos. La Iglesia no es ajena a la crispación que está aflorando con el asunto de la amnistía. No se olvide que en las manifestaciones en la calle Ferraz contra el PSOE se han esgrimido rosarios y escuchado gritos contra el papa Francisco. ¿Qué hacer? El actual portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, se pronunció contra la medida de gracias al entender que España no vivía una «situación histórica excepcional» que la justificara. La contestación vino después, cuando los obispos catalanes replicaron a su colega: «Tenemos que mantener una neutralidad edificante y respetuosa, neutralidad que solo podemos romper cuando se lesiona el derecho a la dignidad del ser humano».

Esa petición de «neutralidad» es una quimera porque a título individual algunos obispos han arremetido contra la amnistía sin esperar a un pronunciamiento colegiado. Lo han hecho el de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla; de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y el más belicosos de todos, el de Oviedo, Jesús Sanz. «En un Estado de derecho no se puede socavar la independencia de los poderes públicos acorralando y manipulando la judicatura y la fiscalía para amañar la ley impunemente poniendo en riesgo la misma democracia», ha escrito Sanz.