Una nueva ley facilitará el préstamo de sillas de ruedas eléctricas, andadores y camas articuladas a personas dependientes

A mediados del mes de julio el Gobierno ha enviado al Congreso la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, una modificación de la actual ley que contempla la incorporación de más servicios y prestaciones y menos burocracia para las personas dependientes. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y ahora el Parlamento debe iniciar su tramitación, con la introducción de enmiendas y, en su caso, posterior aprobación, por lo que de momento no hay fechas para su votación ni entrada en vigor.

Esta reforma legislativa incluye nuevos servicios en el catálogo que se presta en la actualidad. Así, el ministro Pablo Bustinduy ha asegurado que por primera vez, las administraciones públicas proveerán de productos de apoyo como sillas de ruedas y camas articuladas.

Así, en el apartado veintitrés del proyecto de ley, según explica el Consejo Económico y Social en su informe, se introduce un nuevo artículo 25 bis, creando el servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. Este servicio implica que se servirán, «mediante préstamo o cesión temporal, productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz».

Además, se establecen cuidados y apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa, como el cohousing, y se ofrecerán servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.

Este proyecto de ley también suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y el plazo suspensivo de dos años de las prestaciones económicas para cuidados del entorno familiar

Asimismo, otra novedad incorporada ha sido el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas. «Esta medida aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida», según el Gobierno, y «supone un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan».

Igualmente, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.

El nuevo texto de este proyecto de ley introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación transitoria o un servicio transitorio que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado. Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio. De esta manera, recibirá una prestación transitoria hasta que obtenga plaza en su centro residencial de referencia, en lugar de tener que acudir a otro centro que esté más lejos de su casa y donde la persona tiene menos conexiones sociales, como ocurre actualmente.

Esta reforma legislativa incluye una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario como ir al médico o a hacer la compra. Siguiendo esta línea, la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del Sistema. De esta manera se ayuda a desplegar y desarrollar este servicios con el que las personas dependientes reciben el apoyo de un profesional que los ayuda a desenvolverse en su día a día para mantener su proyecto vital y participar activamente en su comunidad.

Otra novedad que incluye el texto aprobado por el Consejo de Ministros y que, insistimos, aún debe ser debatido y aprobado, es la consideración de los centros de día como un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio. Esto supondrá que estos centros se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones. Lo harán atendiendo en sus propios domicilios o en espacios de su entorno a aquellas personas usuarias que vivan cerca y lo requieran. Los centros de días también servirán de referencia para personas que no son sus usuarias pero que pueden encontrar en ellos otro tipo de servicios.

El objetivo es que todos los centros de día se integren en su comunidad y se adapten a las necesidades, preferencias y ritmos de vida de las personas que los utilizan. De esta manera la mayor parte de personas de la comunidad podrán acceder a actividades que promuevan su autonomía, su bienestar emocional y su participación social. Esto, señala Derechos Sociales, es especialmente relevante en zonas rurales o con baja densidad de recursos, y supone un nuevo enfoque que convertirá a estos centros en referentes comunitarios de apoyo y relación con el entorno.

Este proyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso con independencia del territorio en el que residan. Además, se eleva a rango de ley el carácter complementario de la teleasistencia, estableciendo que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos. También se amplía su ámbito de aplicación más allá del domicilio, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio.

El proyecto de ley incluye nuevos derechos para las personas en situación de dependencia. Por ejemplo, se contempla que la persona usuaria tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que tenga garantizado su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Otro derecho importante que recoge esta reforma es el de garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias.

La reforma de las leyes también contiene medidas destinada a agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad. Una de las más importantes es el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. Como novedad, en la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Las personas que lo deseen podrán solicitar una valoración individualizada de la discapacidad para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.

La norma, en definitiva, pretende «generar el Estado del bienestar del siglo XXI», según ha dicho Bustinduy, quien ha remarcado que esa apuesta «viene respaldada por hechos» como la distribución de 783 millones a las comunidades autónomas para financiar el sistema de dependencia. El ministro ha apuntado que la inversión en este ámbito se ha multiplicado por cuatro desde 2014: «No hay precedentes en el ámbito de la política social de un esfuerzo fiscal de esta magnitud».

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