El lento camino hacia la paz

El contacto también implica problemas políticos. «Para el gobierno supone conferir cierta legitimidad política a un grupo que se tachaba de terrorista y reconocer que no ha sido capaz de derrotarlo, mientras que el grupo armado también ha de admitir que la lucha armada no es la única opción, como antes reclamaba, lo que, a menudo, se interpreta como una traición dentro de sus filas».

Las negociaciones constituyen el objetivo de la segunda etapa y aquí se abren muchas preguntas. Cabe que las conversaciones sean bilaterales o a través de un tercero. «Se abren muchas opciones», apunta y, entre otras cuestiones a debatir se plantea la categoría de los representantes, la duración y frecuencia de las negociaciones, o las garantías para los comisionados. «También si la negociación implica un alto el fuego, otro punto muy importante».

La agenda supone otro requisito crucial. «Cuanto más dure el conflicto hay más cuestiones a tratar y se debe elegir aquellas imprescindibles para resolverlo», señala. El objetivo puede ser un acuerdo de principios o pormenorizado. Otra circunstancia que genera debate es su validación por un referéndum. «A veces, el pacto es un ejercicio de orfebrería y someterlo al plebiscito implica exponerlo a la manipulación informativa».

La negociación en sí misma es susceptible de prolongarse durante años o incluso décadas. «El riesgo radica en las mil dinámicas capaces de influir, desde los cambios de gobierno, la muerte de un dictador o fenómenos como el fin de la Guerra Fría o la Primavera Árabe», reconoce.

La mirada a largo plazo resulta esencial al afrontar el último paso, el de la implementación de las medidas acordadas. «Porque implica superar la violencia estructural que dio lugar a la contienda y afrontar tareas complejas como la reconstrucción física». La posibilidad de interpretaciones divergentes o que los cambios de gobierno permitan a los nuevos políticos no respetar lo concertado anteriormente son, en su opinión, algunos de los mayores riesgos. «Asimismo, se precisa que los tres poderes se encuentren en sintonía, de manera que el legislativo traduzca los compromisos en leyes y el judicial no eleve recursos de anticonstitucionalidad que den al traste con los acuerdos».