La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Cantabria

En el auto por el que sienta en el banquillo al procesado, que será enjuiciado por uno de los juzgados de los penal de Santander, el instructor requiere a Roberto J.R. que preste una fianza de 104.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que de no presentarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

Según recoge el fiscal en su escrito de calificación, el acusado –absuelto por falta de pruebas en otro caso en el que estuvo acusado de abuso a una niña de 5 años–, durante el año 2024 prestaba sus servicios como monitor deportivo contratado por una empresa dedicada a actividades de enseñanza. En el momento de los hechos (de abril a agosto de 2024) y desde hacia unos años, esta entidad tenía suscrito con el Ayuntamiento de Villaescusa un contrato para la gestión de las escuelas deportivas municipales, incluyendo la del fútbol femenino que se desarrollaba en las instalaciones municipales La Concha.

En el desempeño de sus funciones como monitor deportivo, «el acusado tenía acceso completo a dichas instalaciones y mantenía trato constante con menores y adultos que participaban en las actividades deportivas, en especial el fútbol».

Aprovechándose de dichas funciones, según apunta el fiscal, entre el 2 de abril y el 31 de agosto de 2024, en un total de 20 días diferentes durante los cuales se habían disputado partidos o entrenamientos de fútbol femenino en el campo de La Concha de Villaescusa, «el acusado se introdujo en un cuarto auxiliar contiguo al vestuario femenino de las instalaciones municipales y, aprovechándose de un hueco existente entre ambas estancias y utilizando un teléfono móvil Samsung S10, grabó 36 vídeos en los que aparecían dentro del vestuario y en las duchas mujeres menores de edad y adultas, cambiándose de ropa y duchándose, sin que las mismas se percatasen de ello». Algunas de ellas, según señala el representante del Ministerio Público, fueron grabadas «en varios días diferentes», y en todos los casos «sin su consentimiento».

El fiscal apunta que el acusado cometió esos hechos durante el desempeño de su trabajo en la prestación del servicio para las escuelas deportivas del Ayuntamiento de Villaescusa para el que estaba contratado, «aprovechándose de las instalaciones municipales e incumpliendo con ello la prohibición de grabar sin consentimiento en el interior de los vestuarios conforme a las reglas de uso de las instalaciones municipales y de protección de datos personales».

El acusado fue sorprendido el 31 de agosto de 2024 por parte de las jugadoras del Oceja en el transcurso del partido amistoso que el equipo de Santillana disputó en Villanueva en esa fecha, un encuentro de pretemporada que tuvo el triste epílogo cuando las futbolistas visitantes detectaron un móvil grabando y, poco tiempo después la Guardia Civil detuvo al autor.

Los hechos descritos constituyen para el fiscal 18 delitos contra la intimidad por los que pide 45 años de cárcel (2 años y medio por cada delito) y una multa de 4.500 euros; otros 18 delitos contra la intimidad cometidos sobre menores de edad, por los que reclama 54 años de cárcel (3 años por delito) y multa de 5.400 euros; 14 delitos continuados contra la intimidad, por los que interesa 45 años y seis meses de cárcel (3 años y 3 meses por delito) y 6.000 euros de multa; y un delito continuado contra la intimidad cometido sobre menores, por el que reclama otros 3 años y medio de prisión y 6.600 euros de multa.

En total, el fiscal solicita 148 años de cárcel, 22.500 euros de multa e inhabilitación especial para trabajar como monitor o entrenador deportivo así como para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o cargo que implique relación habitual con menores de edad durante el tiempo de condena; y que al acusado se le prohíba acceder a las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Villaescusa, así como residir en el citado municipio, durante 225 años (a razón de cinco años por cada uno de los 51 delitos que le atribuye).

El representante del Ministerio Público también recoge que en este caso es de aplicación el artículo 76.1 del Código Penal, que fija en los 25 años el límite máximo de cumplimiento para penas de prisión acumuladas.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama al acusado que indemnice con 78.000 euros a las víctimas por el daño moral y las secuelas sufridas, siendo responsables subsidiarios, de manera conjunta y solidaria, el Ayuntamiento de Villaescusa y la empresa en la que trabajaba.

Por su parte, el juez ha acordado mantener la libertad provisional de Roberto J. R. con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado y la prohibición de aproximación a menos de 100 metros de las instalaciones deportivas de Villaescusa, de dos víctimas menores, y de cualquier otra instalación deportiva de España frecuentada por menores.