Libertad para el hombre que ayudó a morir a su mujer, enferma terminal

Ángel Hernández administra pentobarbital sódico a su mujer, María José Carrasco. / MEDIASET

Ángel administró un fármaco letal a María José, que sufría esclerosis múltiple desde hace 30 años | Es el primer caso conocido en España, tras el de Ramón Sampedro, en el que una persona asiste a otra para suicidarse ante la incapacidad física de la enferma para hacerlo

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSOMadrid

«¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte?». La voz de Ángel Hernández, de 70 años, suena cariñosa pese a la gravedad de sus palabras. «¿Quieres esperar?», le vuelve a preguntar a su mujer, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple desde que tenía 32 años y totalmente dependiente de los cuidados de su marido y de la morfina que este le administra regularmente para pailar su dolor. Ella responde a duras penas: «No, qué sea cuanto antes». Lleva una década postrada sin poder comer ni moverse.

Al día siguiente -este miércoles- Ángel pone en marcha un plan que llevaba tiempo meditando, el de «prestar mis manos a María», y que contaba con la expresa aprobación de ella -como demuestra un vídeo-. Le suministra a su esposa pentobarbital sódico, un fármaco que útilizado en los países en los que la eutanasia está permitida, que ella sorbe a través de una pajita. Ambos se miran a los ojos por última vez y se agarran de la mano. En esa posición permanecen hasta que a las 15.00 horas los agentes de la Policía Nacional, avisados por los sanitarios del SUMMA, se personan en el piso del barrio madrileño de Moncloa-Aravaca y arrestan al marido por un delito de homicidio en su variante de cooperación al suicidio, penado con hasta 10 años de prisión.

Anoche, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid ponía en libertad sin medidas cautelares a Ángel. El detenido reconoció todos los hechos ante la jueza.

Ángel dejó grabado todo el proceso como hiciera 21 años antes Ramón Sampedro -tetrapléjico por un accidente-. La pareja había luchado hasta la extenuación por la despenalziación de la eutanasia, pero el adelanto electoral y el bloqueo de PP y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados dejó en barbecho el texto y Ángel y María se cansaron de esperar. Finalmente acabaron emulando al pescador gallego y protagonizaron el primer caso conocido -desde la muerte de Sampedro- en el que una persona asiste a otra para suicidarse ante la incapacidad física de la enferma para hacerlo por sí misma.

Para la asociación Derecho a Morir Dignamente resulta «inaceptable e injusto en una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad, que ayudar a una persona a disponer de su vida libremente esté castigado en el Código Penal». Lo han definido como «un acto de amor».

Dos vidas rotas

María José Carrasco tenía 62 años en el momento de su fallecimiento. Hija de un abogado y secretaria judicial de profesión, era aficionada a la pintura y la música. Cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple en 1989 su vida se paró y se intentó suicidar infructuosamente. «No lo hagas, te queda mucho por vivir», le dijo entonces su marido. Más tarde optaron por hacer testamento vital -documento en el que un individuo explicita las instrucciones que deberán tenerse en cuenta cuando su estado de salud no le permita expresarlas él mismo- y solicitaron la entrada en una residencia pública, algo que la administración les negó.

Por todo ello, Ángel fue transformado poco a poco su hogar para atender mejor a María. Tiró tabiques, sustituyó la bañera por un amplio plato de ducha y eliminó cualquier obstáculo, como puertas, para que pudiera circular la silla de ruedas sin problemas. Solo quedaron en pie un piano de pared y unos caballetes con cuadros como testigos de otros tiempos más felices.

A diferencia de Sampedro, la pareja no decidió grabar el vídeo para exculpar a la persona que ayudó a quitar la vida, como ocurrió con Ramona Maneiro -que acabó siendo absuelta del delito-, sino para dejar constancia de una realidad que ellos mismos denunciaban. En este caso, María solo tenía miedo a una cosa: «a que detegan a mi marido», dijo a las cámaras de Cuatro antes de beber el fármaco.

La carta de Ángel

Ángel dejó una carta escria el 10 de marzo antes de ser detenido en la que reconoce que «los cuidados paliativos y de buena calidad como los que ha recibido María José deben ser un derecho de todos aquellos que los necesiten y demanden, pero también tiene que existir el derecho al suicidio asistido cuando una persona como María José así lo pida».

En ella prefiere no calificar el «comportamiento de los negacionistas de la existencia de este problema», pero sí espera que sean «conscientes del dolor que ocasionan» a todos aquellos que, «como María José y su familia, sufren por su actitud».

Práctica no autorizada

En España, la eutanasia no está autorizada, pero la ley reconoce el derecho de los enfermos a rechazar la atención médica y expresar sus deseos en forma de testamento en vida. De hecho, tanto la eutanasia como el suicidio asistido se consideran un delito, según el artículo 143.4 del Código Penal. El rango de penas va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y ésta padeciera enfermedad grave.

De ese modo, el que induzca al suicidio será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años y el que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona podrá ser condenado a entre dos y cinco años. Si la cooperación llega «hasta el punto de ejecutar la muerte», esa condena será de seis a diez años de prisión.

Pero en el apartado 4 de ese artículo se establece que en los casos de «petición expresa, seria e inequívoca» de la víctima, si ésta sufriera «una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar», el castigo será con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas.

De esta investigación se encarga el grupo V de Homicidios de la Policía. El detenido se encuentra en los calabozos de la comisaría de Tetuán y está previsto que pase a disposición judicial este viernes.

Otros casos de «suicio asistido»

En España, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó en 2016 a dos años de prisión al joven Ignacio Sánchez Olaso por ayudar a su madre enferma a suicidarse. La Fiscalía pedía para él una condena de seis años de prisión.

En este caso, se aplicaron atenuantes de confesión y parentesco. La mujer había pasado diez años sin salir de casa y no recibía tratamiento porque padecía una enfermedad que le provocaba una paranoia con ideaciones persecutorias sobre todo de los médicos.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente considera ésta la única sentencia de un familiar condenado por ayudar a suicidarse a una persona en España.

Hay otras resoluciones judiciales que no afectan a familiares. El médico Marcos Ariel Hourmann fue condenado por la Audiencia de Tarragona a un año de prisión y a inhabilitación para ejercer la medicina por ayudar a morir a una enferma terminal. Su caso -que se saldó con un acuerdo con la Fiscalía- ha llegado este año al teatro para concienciar sobre la despenalización de la eutanasia.

En Barcelona, en 2012, un asesor psicológico fue condenado a tres años de cárcel por ayudar a suicidarse a un enfermo con depresión, al que incluso facilitó la heroína de extrema pureza que acabó con su vida de una sobredosis en febrero de 2010.

Un médico miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Madrid y una voluntaria de Encasa Cuidados Paliativos fueron acusados de ayudar a suicidarse a una mujer de Avilés en mayo de 2012 y de intentarlo con un hombre de Cádiz dos meses después. En 2016 fueron condenados y aceptaron una pena de dos años de prisión y seis meses de multa.

La Justicia absolvió al doctor Luis Montes por las presuntas sedaciones ilegales en el hospital de Leganés, en tanto que Ramona Maneiro confesó tras la prescripción del delito haber sido ella quien ayudó a morir al tetrapléjico gallego Ramón Sampedro en 1998, tras ingerir un preparado de cianuro.

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