La ley no puede esperar

Hay temas que vuelven una y otra vez porque siguen sin resolverse. La reducción del límite de alcoholemia es uno de ellos. Y cada vez que regresa, vuelve acompañado del mismo silencio incómodo: ¿cuánto más tenemos que esperar para que la vida sea una prioridad política real?

Este pasado lunes, en el último Pleno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, volvió a repetirse el patrón. Se presentaron datos de siniestralidad, se repasaron causas, se abordaron cuestiones técnicas… Y, como si fuera una piedra que reaparece en el mismo lugar, el Ministerio del Interior —a través del ministro Grande-Marlaska— instó de nuevo a los partidos políticos a sacar adelante la ley que reduce la tasa máxima de alcoholemia.

La palabra clave, esta vez, fue responsabilidad. Responsabilidad política. Responsabilidad institucional. Responsabilidad moral. Responsabilidad con la vida. Pero la realidad es más incómoda: esta responsabilidad está siendo asumida, en gran parte, por la sociedad civil.

Durante el turno de ruegos y preguntas, el presidente de CNAE, Enrique Lorca, Jesús Monclús, de Fundación MAPFRE y Stop Accidentes dieron en la diana. Ambos insistieron en que esta ley no puede seguir en un cajón.

Y Monclús fue más allá: preguntó a la subsecretaria de Interior, con absoluta claridad, quién era el responsable de establecer la ronda de contactos entre partidos.

La respuesta: La sociedad civil tiene que presionar.

Pero yo me pregunto: ¿nuestros representantes no son capaces de acordar en beneficio de los ciudadanos y de la vida?

Así que le respondí a Monclus: Lo está llevando a cabo Stop Accidentes. Y el nombre y los apellidos son los de su vicepresidente para concretar mas. Desde hace dos meses, lo estamos luchando, aguantando situaciones muy dolorosas para las víctimas y para el conjunto de la sociedad. Pero lo hacemos con la energía, el tiempo y la determinación que deberían estar poniendo quienes ocupan los escaños donde se deciden las leyes que salvan vidas.

Y no, esto no es normal. No debería suceder así. Porque la comisión de Interior del Congreso no puede basarse en colores políticos, ni en cálculos electorales, ni en chantajes cruzados. La seguridad vial no puede ser una moneda de cambio.

La vida no puede depender del calendario de un partido. La reducción del límite de alcoholemia no es un capricho legislativo: es una herramienta preventiva avalada por la evidencia, por la ciencia, por la experiencia internacional y, sobre todo, por la realidad cotidiana de nuestras carreteras.

Quienes trabajamos cada día con víctimas y familias sabemos lo que significa el alcohol en la conducción: es un hilo invisible que une demasiados siniestros con demasiadas vidas truncadas. Y es un hilo que se puede cortar.

Por eso, mientras instituciones, fundaciones y asociaciones empujan en la misma dirección, seguimos manteniendo contactos, reuniones y conversaciones entre grupos políticos que, a pesar de sus diferencias, necesitamos que entiendan algo fundamental: esta ley es de todos.

No de un partido. No de un gobierno. No de una legislatura. De todos. Y lo es porque el alcohol al volante no distingue ideologías, ni territorios, ni edades. Porque todas las víctimas, sin excepción, comparten algo: la ausencia.

Y esa ausencia no tiene color político. Hoy contamos con el apoyo claro de organizaciones, asociaciones de víctimas y fundaciones, y con la disposición inicial —sin matices ni ambigüedades— de UPN.

Hoy estamos más cerca que hace meses, pero solo si se muestra interés. Hoy hay una oportunidad que no se puede dejar escapar. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto más vamos a esperar?

Si la sociedad civil ya ha hecho su parte —más de lo que debería—, ahora es el turno de quienes legislan. Es el momento de que PP y PSOE, con el apoyo del resto de grupos o sin el, firmen una ley que no admite retrasos.

Una ley que puede evitar muertes. Una ley que puede evitar familias rotas. Una ley que puede evitar que volvamos a reunirnos dentro de meses para llorar lo que era evitable.

Porque, al final, todo se resume en una sola palabra: vida. Y cuando una ley puede salvarla, bloquearla no es política. Es irresponsabilidad.

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