Más de 20 años de subidas en la pensión de viudedad en la Comunitat

Una subida que llega hasta nuestros días. Desde el 1 de enero de 2025, las pensiones de viudedad en España han experimentado una revalorización del 2,8%, lo que incrementa la pensión media de 898,82 euros mensuales a 923,99 euros en el ámbito nacional. En la Comunitat Valenciana, esta subida situará la pensión media de viudedad en 865 euros. En los últimos veinte años, tanto en España como en la Comunitat, la pensión de viudedad ha registrado incrementos notables. En 2005, la pensión media de viudedad en España era de 455 euros mensuales, mientras que en la Comunitat Valenciana se situaba ligeramente por debajo, en 435 euros. Este patrón se ha mantenido a lo largo del tiempo, con la Comunitat Valenciana siempre algo por detrás de la media nacional, aunque con una progresión similar.

En 2024, la pensión media en España alcanzó los 896 euros mensuales, mientras que en la Comunitat Valenciana fue de 839 euros. Esto supone un incremento del 97% en el ámbito nacional y del 93% a nivel regional. A pesar de la diferencia en las cuantías, ambos territorios reflejan una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los beneficiarios. El número de pensiones también ha crecido. En 2005, se otorgaban en España 2,16 millones de pensiones de viudedad, de las cuales 219.897 correspondían a la Comunitat Valenciana. En 2024, estas cifras aumentaron a 2,35 millones y 245.000, respectivamente. El gasto público en este tipo de prestación casi se ha duplicado en dos décadas. En España, pasó de 986 millones de euros mensuales en 2005 a 2.107 millones en 2024, mientras que en la Comunitat Valenciana aumentó de 95 millones a 205 millones mensuales. Esta evolución refleja tanto el impacto positivo de las políticas de revalorización de las pensiones como los desafíos que plantea su sostenibilidad. Aunque los incrementos han mejorado la calidad de vida de las personas viudas, también han disparado el gasto público, intensificando el debate sobre la necesidad de reformar este modelo.

Para Enrique Devesa, profesor de la Universitat de València e investigador del IVIE y del Instituto Polibienestar, la justificación histórica de la pensión de viudedad está perdiendo fuerza: «En los años 60 tenía sentido que fuera vitalicia, dado que muchas mujeres no tenían acceso al mercado laboral. Hoy, afortunadamente, las mujeres participan en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Por ello, la prestación vitalicia sólo debería mantenerse para aquellas personas sin otros medios de subsistencia».Devesa propone reformar el sistema para limitar la duración de las prestaciones, concentrándolas en los primeros años tras el fallecimiento del cónyuge. Este modelo, que ya se aplica en otros países europeos, busca equilibrar el apoyo económico inmediato con la necesidad de incentivar la independencia financiera.Por su parte, José Antonio Herce, doctor en economía y socio fundador de LoRIS, aboga por una revisión radical del sistema: «En otros países la pensión de viudedad ha sido abolida cuando interviene a favor de una persona que ya tiene su propia pensión de jubilación. Esto permite liberar recursos para otras áreas críticas, como la dependencia».

Herce también indica que, a medida que estas tendencias se consolidan, será necesario replantear el sistema. Explica que el futuro de esta prestación pasa por adaptarse a un contexto en el que las mujeres en edad de trabajar ya participan en el mercado laboral en las mismas proporciones que los hombres. «Las prestaciones deben personalizarse y analizarse caso por caso para garantizar su sostenibilidad«, resalta.

En 2024, el gasto en pensiones de viudedad en España superó los 25.000 millones de euros, una cifra que pone en jaque la sostenibilidad del sistema. Este escenario es resultado de varios factores, entre ellos el envejecimiento de la población y la evolución en las trayectorias laborales de las mujeres. Según Herce, ahora se llega a la edad de jubilación el 92-93% de la población trabajadora, con lo cual se enviuda cada vez más tarde. Apunta que las personas suelen enviudar después de estar jubiladas, y ese incremento de la pensión de viudedad va a ser cada vez más pequeño.

Este fenómeno responde a que cada vez más personas, especialmente mujeres, alcanzan la jubilación con carreras laborales completas. Al sumar la pensión de viudedad a su pensión de jubilación, se encuentran con límites máximos que reducen el impacto económico de esta prestación.

La reforma de las pensiones de viudedad es un tema complejo que requiere equilibrar la protección de los colectivos vulnerables con la sostenibilidad del sistema. Tanto Enrique Devesa como José Antonio Herce coinciden en que es necesario replantear el modelo actual, adaptándolo a los cambios sociales y demográficos. Una de las propuestas que mencionan ambos expertos es la eliminación de la prestación vitalicia en favor de pagos únicos o mensualidades limitadas. Según Herce: «Esto permite responder al estrés económico inmediato que genera la pérdida del cónyuge, pero sin perpetuar la prestación de forma indefinida«.

En esta línea, apunta el doctor en economía que en lugar de recibir pagos mensuales, el beneficiario podría obtener un capital único. Lo que permitía al sistema ahorrar costes a largo plazo y brinda al beneficiario mayor libertad para gestionar el dinero según sus necesidades. Esta solución ya se aplica en varios países europeos y podría ser una opción viable para España, especialmente en los casos donde el beneficiario tiene otros ingresos.

Devesa también apoya esta línea de actuación, y añade que debería estudiarse caso por caso: «Una solución sería concentrar la prestación en el momento del fallecimiento, incrementando la cuantía inicial, pero limitándose en el tiempo. Esto podría cubrir las necesidades más urgentes sin desincentivar a las personas jóvenes a buscar ingresos adicionales».

Ambos expertos abogan por un sistema que se adapte a las circunstancias individuales de cada beneficiario. Herce sugiere que esta personalización podría implicar un estudio actuarial detallado para identificar quiénes realmente necesitan la pensión: «Es necesario hacer un cálculo actuarial fino. Hay colectivos que no pueden prescindir de esta renta, y a ellos se les debería mantener la prestación. Sin embargo, en otros casos, la pensión de viudedad entra en una zona gris, especialmente cuando los beneficiarios ya tienen ingresos significativos por jubilación».

Devesa añade que la prestación vitalicia sólo debería mantenerse para personas mayores que no tengan otras fuentes de ingresos: «Una persona mayor que haya enviudado y no disponga de recursos propios debería seguir recibiendo esta ayuda. Sin embargo, en el caso de personas jóvenes, sería más razonable limitar la duración de la prestación».

A su vez, Herce plantea una idea innovadora: convertir la pensión de viudedad en un seguro voluntario. En sus palabras: «Podría segregarse la prestación de viudedad y sujetarla a una prima puramente actuarial, financiada por quienes deseen garantizar este derecho para sus supervivientes». En opinión del experto, esto ofrecería mayor claridad y permitiría a las personas decidir si quieren cotizar específicamente para esta contingencia. «En la cuota por contingencias comunes se incluye que tú pagas para que tus supervivientes tengan derecho a una prestación, pero las personas solteras cotizan lo mismo y no generan pensiones ni de viudedad ni de orfandad», apunta Herce. Esta propuesta sería especialmente útil en un contexto donde cada vez más mujeres alcanzan la jubilación con pensiones propias, reduciendo su dependencia de la viudedad.

José Antonio Herce destaca que la reforma de las pensiones de viudedad no debe abordarse de forma aislada, sino como parte de una transformación integral del sistema de pensiones. Para Herce, esta transición requiere establecer un modelo dual que combine las prestaciones existentes con un enfoque sostenible y adaptado a las nuevas realidades sociales y laborales: «El sistema debe trazar una línea de edad que defina dos regímenes distintos. Las personas mayores de una cierta edad podrían mantener el modelo actual, mientras que los más jóvenes deberían transitar a un sistema más sostenible». Este nuevo modelo, según Herce, podría incluir un sistema mixto en el que las cotizaciones públicas se complementen con planes de ahorro gestionados por empresas o instituciones privadas. Así, los trabajadores más jóvenes podrían acumular recursos para su jubilación bajo un esquema diferente al actual, garantizando la viabilidad del sistema a largo plazo.

Herce también subraya que cualquier reforma debe realizarse con un enfoque gradual para minimizar el impacto en las generaciones actuales. Según señala, los cambios deben ser paulatinos y estructurales, anunciándose como parte de un paquete de reforma general del sistema de pensiones. Esto permitiría adaptar el sistema a las demandas demográficas y laborales sin romper los compromisos adquiridos con las generaciones actuales. Este enfoque estructural busca equilibrar los derechos adquiridos con la sostenibilidad, incorporando elementos de modernización que permitan afrontar los retos del envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida.