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Arturo Torró, ex alcalde y portavoz del PP en el ayuntamiento de Gandia
Un juez investiga al exalcalde de Gandia por préstamos a IPG por 10 millones

Un juez investiga al exalcalde de Gandia por préstamos a IPG por 10 millones

Arturo Torró (PP) tendrá que acudir a declarar al juzgado el próximo 28 de febrero, a las 10 horas, al igual que el exgerente de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) Gonzalo Morant

EUROPA PRESS

Miércoles, 25 de enero 2017, 11:04

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El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia (Valencia) ha citado a declarar como investigado al exalcalde de la localidad Arturo Torró por préstamos formalizados en su legislatura --durante los últimos cuatro años-- a la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) por valor de 10 millones de euros.

Torró tendrá que acudir a declarar al juzgado el próximo 28 de febrero, a las 10 horas, al igual que el exgerente de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) Gonzalo Morant, tal y como se detalla en el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

La causa está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y se remonta a enero de 2015 tras una denuncia del PSPV la pasada legislatura. El juez acuerda ahora estas nuevas diligencias solicitadas por el ministerio fiscal.

En concreto, los socialistas denunciaron en 2015 operaciones de crédito efectuadas por el entonces gobierno local del PP, liderado por Torró, mediante continuas transferencias desde el Ayuntamiento de Gandia a la empresa pública IPG y que sumaban, como mínimo, 10,4 millones de euros.

En ese momento, el PSPV explicó que Torró y Gonzalo Morant formalizaron en septiembre de 2014 un contrato de crédito a corto plazo por valor de 3,5 millones de euros con informes negativos y con reparos de legalidad del interventor municipal y el tesorero, con la advertencia previa, expresa y reiterada de dichos reparos por parte del entonces secretario general del Ayuntamiento.

Asimismo, informaron de que se trataba de una práctica reiterada y continuada en anteriores ocasiones, al tener conocimiento de que se había firmado un mínimo de cuatro operaciones de tesorería más con la empresa pública IPG por importe dos millones, un millón, 1,3 millones y 2,6 millones de euros.

Por todo ello, manifestaron que las actuaciones llevadas a cabo por el entonces Gobierno local del PP podían resultar constitutivas de un delito de prevaricación, por las "irregularidades" en la firma de varios contratos de crédito con reparos de legalidad, y un delito de malversación por el perjuicio económico que se produjo al Ayuntamiento de Gandia.

Ahora, el juez ha citado a declarar como investigados tanto a Torró como a Morant por esta denuncia socialista.

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