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El exalcalde de Gandia en primer plano.
La Fiscalía pide que se investigue a Torró por la compra de los cines y boleras de la playa de Gandia

La Fiscalía pide que se investigue a Torró por la compra de los cines y boleras de la playa de Gandia

Anticorrupción insta al Juzgado a que llame a declarar al exalcalde como imputado al hallar indicios de prevaricación.

Zoa Sanz

Miércoles, 2 de diciembre 2015, 19:01

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Fiscalía Anticorrupción solicita al Juzgado Decano de Gandia que investigue al exalcalde Arturo Torró y el exvicepresidente de la empresa pública IPG Javier Reig al hallar indicios de un presunto delito de prevaricación en el proceso de compra de los cines y las boleras del hotel Gandia Palace de la playa.

La fiscal insta al magistrado a que les llame a declarar como «imputados», según se desprende del informe de diligencias de investigación penal del 24 de noviembre. Asimismo, pide que cite en calidad de «denunciante», al que fuera portavoz del PSPV en la pasada legislatura, Vicent Mascarell. Los socialistas elevaron a mediados de mayo de este año a la Fiscalía la adquisición de la galería comercial por parte del Ayuntamiento de Gandia al considerar que había irregularidades.

A finales de 2011 Torró acordó aprobar el contrato por el cual la empresa Vipei cedía a la mercantil pública IPG el inmueble destinado a los locales de ocio del Gandia Palace, valorado en 6,7 millones de euros. Para el popular, la negociación fue un «chollo», ya que con la compra se cobraría la deuda de 1,3 millones de euros en concepto de IBI que Vipei arrastraba con el consistorio, se obtenía patrimonio y se dinamizaba la playa.

Además, la intención era que los locales se fueran pagando gracias al alquiler por su explotación. Sin embargo, todo cayó en saco roto. La empresa arrendataria Ozone no abonó al consistorio ninguna mensualidad y acabó dejando la actividad. Mientras, IPG sigue debiendo a Vipei alrededor de cinco millones de euros.

Cuatro años después, según aseguró el socialista Vicent Mascarell, la deuda de 1,3 millones «está condonada y es irrecuperable». Desde el PP siempre han negado que hubiera irregularidades y aseguran que nunca se llegó a pagar nada porque no se transfirió la propiedad.

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