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Juzgados de Carlet. LP

Carlet pide que se mantengan los juzgados de violencia sobre la mujer para no causar más daños a las víctimas

El Ayuntamiento ha aprobado una moción por unanimidad para solicitar la derogación del Real Decreto que supone el traslado de este servicio a Alzira

A. Talavera

Viernes, 25 de noviembre 2022, 09:14

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Desde que se publicó el Real decreto 954/2022 de 15 de noviembre que establece que los partidos judiciales de Quart de Poblet, Carlet, Xàtiva, Moncada, Catarroja y Picassent dejaron de tener competencia en materia de violencia de género, pasando a depender de los partidos judiciales de Valencia, Alzira, Paterna, Sueca y Torrent respectivamente, todos los municipios afectados han mostrado su disconformidad con esta modificación. Un cambio que se realiza para crear nuevos juzgados especializados en esta materia pero que supone reducir el número de sedes y por tanto que las víctimas tengan que desplazarse a otros partidos judiciales para ser atendidas.

El Ayuntamiento de Carlet ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el PP en la que se solicita la derogación del Real Decreto por los perjuicios que puede suponer a las afectadas por la violencia machista.

"Las víctimas de tan execrables delitos deben recibir ayuda inmediata en el partido judicial de su domicilio, contando con todas las ayudas sociales y judiciales posibles y no tener que incrementar la distancia de su lugar de domicilio", han señalado en la moción.

Además, han denunciado que los partidos judiciales donde se remiten la competencia de violencia sobre la mujer "no se recoge en este real decreto que se le dotará de mayores medios materiales o personales, contribuyendo al colapso de los referidos órganos judiciales provocando otra victimización a las víctimas de violencia de género".

Ante estas situaciones, las formaciones que componene el Ayuntamiento de Carlet, PSPV, Compromís y PP han mostrado su desacuerdo con la decisión de la Conselleria de Justicia y del ministerio y solicitan la derogación del Real Decreto "para garantizar una distribución territorial de proximidad, además de exigir el financiación necesaria por parte del Gobierno del Estado que asegure los recursos necesarios para los juzgados de violencia de género".

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