Alberic declara la guerra a los okupas

Una situación kafkiana que ha puesto en pie de guerra al Ayuntamiento de esta población de la Ribera Alta que quiere cortar de raíz con esta problemática ya que al parecer esta práctica se está llevando a cabo también en otros municipios.

«Estas personas se están riendo de las administraciones y de las autoridades», denuncia el alcalde de Alberic, Toño Carratalá. Y es que los okupas se presentan en el ayuntamiento sin ninguna clase de documentación y solicitando que se realice este trámite a pesar de ser conocida su situación totalmente irregular.

Por ello, el Ayuntamiento de Alberic ha anunciado que no va a permitir abusos de la ley y «vamos a poner todas las trabas. En Alberic no queremos okupas», afirma tajante el primer edil.

Así, para realizar los oportunos empadronamientos se solicitará autorización de los residentes legales, la escritura de la propiedad o el correspondiente contrato de alquiler para garantizar que los moradores de la vivienda en cuestión no están cometiendo ningún delito de usurpación.

Okupas como los de Alberic solicitan el empadronamiento ya que éste es un documento básico para realizar trámites administrativos o solicitar diferentes ayudas. El Ayuntamiento de Alberic no quiere que se produzca un efecto llamada y que estas personas campen a sus anchas por todo el municipio. «A los okupas no se les empadrona y sino les parece bien que lo denuncien en el juzgado y allí lo discutiremos», afirma Carratalá.

Una posición contundente frente a un problema que se extiende por muchos municipios y para el que también se espera una respuesta tajante por parte del Gobierno. «La Policía y la Guardia Civil se ven impotentes frente a los okupas, el Gobierno y los legisladores tienen que actuar», exige el alcalde de Alberic.

Muestra de la preocupación por las ocupaciones ilegales es que las empresas especializadas en mediación han aumentado el volumen de trabajo desde el año 2020 en un 80%. Así lo explican desde Desokupa Express donde sobre todo tienen afectados por inquilinos morosos que no abandonan las viviendas.

Sin embargo, algunos expertos señalan que las usurpaciones (ocupaciones de viviendas no habitadas) se mantienen en cifras similares desde hace años y, sobre todo, afectan a viviendas en propiedad de bancos que apenas las controlan. «La ocupación de viviendas de particulares son menos habituales pero alteran mucho la convivencia», destaca el abogado y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia, Josep Julià Pascual.

En este caso, los procedimientos legales suelen tardar unos cuatro meses en primera instancia, «son más rápidos que los desahucios civiles porque no tienen ningún título acreditativo», señala el experto ya que echar a un inquilino moroso supera los ocho meses. Periodos de tiempo que aprovechan los okupas que conocen de la lentitud de la justicia para sacar rédito. También «usan las leyes a su favor», apuntan como tener menores en las viviendas para evitar los lanzamientos rápidos.

Recientemente una ocupación en Alfarp se ha resuelto con un acuerdo económico entre las partes. Un procedimiento legal pero poco recomendable según los expertos. «Si no existe coacción se puede realizar un acuerdo pero en ocasiones se paga a los okupas y no se van por lo que hay que volver a denunciar», recuerda Pascual.