Zaplana, condenado a diez años de cárcel por amasar una fortuna del cobro de comisiones

Un fallo que no por previsible después de la confesión de sus principales colaboradores en la trama delictiva resta un mínimo de impacto en el ecosistema político valenciano. Zaplana, de hecho, fue posiblemente el político valenciano de mayor repercusión nacional. Fue portavoz de los populares en el Congreso y también ministro de Trabajo. A comienzos del milenio, el PP mandaba en Madrid y en Valencia.

La sentencia de la Audiencia de Valencia pone punto final a una carrera que, en realidad, estuvo siempre salpicada por la sospecha. Una ramificación del caso Imelsa, con la investigación al conocido como yonki del dinero y la trama de Alfonso Rus, terminó por ligar un patrimonio superior a los diez millones de euros al núcleo de colaboradores del expresidente. Se trata del segundo máximo dirigente de la Generalitat que ha sido condenado. El precedente es José Luis Olivas sorprendido al falsificar una factura para desgravarse a Hacienda el pago de 580.000 euros por una supuesta asesoría en la venta de unas acciones.

La sentencia desarma todas las peticiones de nulidad que se efectuaron en su momento. Valida la competencia del juzgado de Valencia para investigar el cohecho -los principales movimientos se efectuaron en este territorio- y garantiza, una vez más, que el registro del despacho de Marcos Benavent, diligencia que permite el inicio de Erial, fue absolutamente legal. De igual modo, valida la vigencia del cohecho en el momento de los hechos y que el testaferro Fernando Belhot declarara como testigo y en claro sentido incriminatorio tras haber estado imputado.

El relato de hechos probados sitúa el inicio de la actividad delictiva en 1997 cuando se produce una reunión entre Zaplana y Juan Cotino, tío de los ahora arrepentidos, donde se pacta el amaño. Así lo reconoce posteriormente Juan Francisco García, el jefe de gabinete, quien se encarga del arreglo con un responsable de Sedesa. Este testimonio de J. F. García, «incriminatorio y autoinculpatorio», está respaldado por las propias confesiones de los Cotino. El amaño se hizo «de forma previa y sutil con una apariencia de legalidad formal», concluye la Audiencia.

Dos fueron los principales 'golpes' judiciales que recibió la estrategia de defensa de Zaplana. Por un lado, la confesión de su testaferro uruguayo, el abogado Fernando Belhot, que representaba sus intereses desde el extranjero y que entregó cerca de siete millones de euros en el juzgado tras pactar con la Fiscalía. La cantidad de dinero recuperada es todo un éxito comparado con otros casos de corrupción en la Comunitat.

Por otro, y a escasas semanas del juicio, tuvo conocimiento de que su amigo de la infancia, Joaquín Barceló, también iba a reconocer que era un hombre de paja detrás del dinero y de las propiedades del exministro. «Sin él no se habría podido ocultar el dinero», admite la Audiencia. La declaración en la vista de Zaplana -el dinero era de su amigo- resulta «ilógica e inverosímil». Como principal contraindicio cita el hecho de que fuera su asesor personal el encargado de ordenar los movimientos desde la empresa que, de manera fiduciaria, administraba Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía.

La guinda a este pastel de confesiones la puso su jefe de gabinete, Juan Francisco García, que admitió que las adjudicaciones se arreglaron con la familia Cotino, empresarios que obtuvieron unas jugosas plusvalías de cerca de 90 millones de euros con la venta de diferentes sociedades beneficiadas por las adjudicaciones. Él mismo estuvo al frente de esta ilegal conducta de amaños con conocimiento del entonces presidente. Sin embargo, la Sala no encuentra irregularidades en los parques eólicos. Ni Zaplana ni su jefe de gabinete intercedieron en el proceso de adjudicación a cambio de ninguna contraprestación económica.

De igual modo, los empresarios Cotino, como ya habían hecho en otros procedimientos de la financiación ilegal del PP, pactaron también con la Fiscalía. Quedó solo Zaplana, indefenso y sin coartada, en lo que parecía una crónica anticipada de una condena. Junto al expresidente ha sido condenado, al margen de los arrepentidos, el que fuera su asesor fiscal, Francisco Grau. Otro de los que prácticamente ligó su destino al de su 'jefe'.

Las mordidas se canalizaron primero a través de «un ingenioso sistema» con las empresas off shore de Luxemburgo, creadas por Juan Cotino, administradas por Paesa y que finalmente terminan en manos de Barceló y de García. Este último, por ejemplo, aprovechó la amnistía fiscal del Gobierno para 'repatriar' dos millones de euros. Pero también, prácticamente en el mismo periodo, se abren cuentas en Andorra a nombre de empresas panameñas y también de Barceló que reciben 9 millones de euros de origen desconocido.

La Audiencia, no obstante, se lo atribuye a Zaplana. «Todo ello nos lleva a la ineludible conclusión de que este dinero lo obtuvo haciendo uso de su condición de político, que le brindaba información relevante en distintos campos, conocimiento de personas también relevantes en el mundo empresarial y financiero y en definitiva, un destacado papel político primero en el ámbito autonómico y después en el nacional, lo que le reportó importantes ingresos de dinero, al margen de sus emolumentos oficiales».

Esa era la estructura en el exterior, pero Zaplana también fue el factótum de otro entramado, este asentado en España para permitir la repatriación del dinero. Fueron tres sociedades controladas por Barceló, pero dirigidas de nuevo por su asesor Grau. La Audiencia considera acreditado que era el exministro quien manejaba los hilos. El negocio más fructífero fue, sin duda, la operación en La Finca con la que posteriormente se compró un piso en Madrid.

Los magistrados analizan con extensión y minuciosidad el testimonio de Fernando Belhot, una de las claves para apuntalar la condena. Concluyen que era el administrador fiduciario y niegan que se tratara de un inversor extranjero con interés en España.

La condena supone, en teoría, su ingreso en prisión. Pero ahora comenzará toda una serie de recursos para impedir que la pena sea firme y ganar tiempo. La Fiscalía podría ya pedir su ingreso en la cárcel ante lo elevado del castigo. Zaplana puede que haga valer su delicado estado de salud como una de las bazas para retrasar todo lo posible o incluso suspender una pena privativa de libertad, aunque los mismos argumentos no le sirvieron para eludir la prisión provisional, en los compases iniciales de las diligencias, que estuvieron años bajo secreto.

Mitsuoko Henríquez, secretaria personal de Eduardo Zaplana a lo largo de toda su trayectoria política y profesional, también formó parte de la nómina de los acusados. Anticorrupción sostenía que fue el nexo entre el expresidente y el testaferro Belhot y que a través de ella se hicieron llegar cerca de dos millones de euros a Zaplana a través de un método de cambistas. El dinero se entrega en efectivo por parte de un colaborador, pero no ha viajado físicamente desde las cuentas en el extranjero. La colaboradora se enfrentaba a ocho años de cárcel y a una multa de 20 millones de euros. Pero el tribunal ha rechazado la tesis de la acusación pública y ha decidido absolverla. Siempre defendió su inocencia.

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