La reforma legal de Sánchez para seducir a Junts encalla en el propio Gobierno

sin modificar su actual redactado -una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reducir los plazos de instrucción de los jueces- ha empezado a hacer aguas. Algunos socios del Gobierno ya dejaron entrever sus reparos el martes e incluso, los mismos republicanos que 24 horas antes la habían aplaudido, advirtieron de que lo importante es aprobar de una vez la amnistía y no «entretenerse» con otras leyes. Pero el hecho de que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se molestara este miércoles en explicitar su rechazo a la medida supone un salto cualitativo difícil de soslayar.

«Sumar desconoce la propuesta exacta, pero parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener- advirtió la también ministra de Trabajo tras intervenir en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso-. Hay procesos que son muy complejos y necesitan de unos ritmos, unos tiempos, que requieren de cierta prudencia». Ese planteamiento final es, precisamente, el que llevó al Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos a impulsar en 2020 una reforma del artículo 324 de la Lecrim, apoyada por todos los partidos a excepción del PP y Vox, en un sentido contrapuesto al insinuado el lunes por Sánchez.

La contrarreforma - que el presidente del Gobierno agitó como manera de «subsanar algunas dudas» que puedan tener los independentistas catalanes después de que los jueces del 'caso Tsunami' y del 'caso Voloh', Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, acordaran sendas prórrogas de instrucciones que afectan a Carles Puigdemont- ni siquiera ha sido defendida en ningún momento con entusiasmo por el ala socialista del Ejecutivo. «Es una solución demasiado alambicada», admitía este miércoles en la Cámara baja un ministro cercano a Sánchez.

En la misma Moncloa ya enfriaron el asunto el martes al matizar que se trata de una propuesta aún indefinida en la que simplemente «se está trabajando». «Es complicado encontrar el equilibrio entre el tiempo adecuado para las investigaciones judiciales y que estas se alarguen años y años y acaben provocando indefensión», reconocían.

En la dirección del grupo parlamentario socialista no ocultan que la modificación de la LeCrim tiene un objetivo meramente instrumental. «Si no sirve para lo que se pretendía, se diluirá», apuntan.

Junts, a quien realmente va dirigido el anzuelo no ha dado hasta ahora muestras de haberlo mordido. Su portavoz, Míriam Nogueras, insistió el lunes en que su partido solo se quedará tranquilo si la comisión de justicia, que tiene hasta el 21 de febrero para volver a debatir la ley de amnistía, incorpora al articulado sus principales exigencias: que se eliminen del capítulo de delitos excluidos de la norma el terrorismo, independientemente de su gravedad, y la traición al Estado. Enmiendas que el Ejecutivo insiste en rechazar de plano para preservar la constitucionalidad de texto.

Los socialistas asumen que para votar a favor de la amnistía como está, los posconvergentes necesitan una pista de aterrizaje, algo que les permita justificar su cambio de postura ante los sectores más duros de su electorado. Si no es la LeCrim, no del todo descartada, están dispuestos a explorar otras vías, aunque hay ministros partidarios de no moverse más y confiar en que rectifiquen «No tiene sentido que se peguen un tiro en el pie», aducen.

Los acontecimientos de los últimos días -la decisión de los fiscales del Tribunal Supremo de avalar la investigación por terrorismo a Puigdemont y la del Parlamento Europeo de pedir que se investiguen los nexos del 'procés' con el Kremlin- no empujan, en todo caso, a favor del Ejecutivo, que este miércoles, por boca del ministro de Justicia, Félix Bolaños, volvió a defender en sede parlamentaria que los independentistas catalanes no han protagonizado ningún acto de terrorismo.