Vox reprocha a Bernabé que no aporte documentación para investigar la dana en Les Corts

«La delegada de Gobierno nos niega a la Comisión de Investigación los documentos que se le ha solicitado. Nos dicen que la Comisión de Investigación no tiene derecho a conocer los documentos que tienen relación directa con lo acaecido el 29 de octubre», recalca José María Llanos, síndic de Vox en Les Corts.

El voxista explicó que «queremos saber si hubo avisos, si no los hubo; si hubo diligencia o total incompetencia. Pero no, no tenemos derecho a conocerlos. Esta información solo puede tenerla el Congreso de los Diputados. A estos que se les llena la boca de autogobierno... nos niega ahora la documentación».

Bernabé, a través de una respuesta por escrita remitida a Les Corts, señala que ha recibido una solicitud de documentación, ante lo cual, la delegada del Gobierno recuerda «que las facultades de control político» de la Cámara valenciana «se circunscriben» a autoridades y funcionarios de la Comunitat, «sin que sea posible que, mediante esa facultad, los parlamentarios autonómicos invoquen alguna relación de la información o documentos solicitados con los intereses o competencias autonómicas, y que puedan ejercer un control directo o indirecto de los órganos y autoridades del Estado».

La delegada del Gobierno advierte que la posibilidad de Les Corts de solicitar documentación a la Administración General del Estado «han de interpretarse de acuerdo con la Constitución», y que el control y fiscalización del parlamento valenciano no incluye al Gobierno central. Bernabé apela al Tribunal Constitucional para considerar que la comisión de investigación de Les Corts pretende ejercer un control político sobre la CHJ. «Por eso, solicitud de información o documentos a la a la Administración General del Estado, así como al conjunto de ente que conforman el sector público estatal, en tanto instrumento de control político, corresponde exclusivamente a las Cortes Generales«, o sea, al Congreso o al Senado.

«Es evidente, y esto es una muestra más, por eso hablo de un nuevo capítulo de la traición y la infamia del PSOE, que el partido socialista, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no quería una Comisión de Investigación en Les Corts. Sí ha aceptado la del Congreso de los Diputados, suponemos que porque la tendrá controlada con los socios que le mantienen en el sillón al señor Sánchez», ha criticado Llanos.

Para Llanos, «el Gobierno de Sánchez tiene mucho que ocultar de su conducta criminal por acción y por omisión del deber de socorro a los valencianos».

Fuentes de Delegación indican que «el Gobierno de España va a ofrecer, como siempre lo ha hecho, toda la información que se requiera. Con total transparencia y diligencia. Y eso implica cumplir con las vías que contempla nuestro sistema democrático, que contempla que el órgano de control al Gobierno son las Cortes Generales, donde los grupos parlamentarios pueden presentar las preguntas y solicitud de información que requieran, y se les responde».

«Vox tiene representación parlamentaria en el Congreso y a través de esa vía se les va a facilitar toda la información que necesiten, tal y como se ha hecho con otros grupos parlamentarios. Por tanto, esto no significa que el Gobierno no vaya a ofrecer información, esto significa que el Gobierno seguirá las vías establecidas para facilitar con total transparencia las informaciones que los grupos parlamentarios soliciten», señalan las mismas fuentes del organismo que lidera Bernabé.

Desde el PP, por su parte, se considera un «escándalo» que Bernabé se niegue a remitir información a Les Corts «pese a estar obligada por Ley». El portavoz popular en la comisión de la dana, Fernando Pastor, recuerda que «hay sentencias que obligan a remitir la documentación requerida por afectar a la Comunitat Valenciana. La delegada de las mentiras Pilar Bernabé no puede saltarse la ley.

Pastor ha indicado que «el contenido del artículo 12.5 del reglamento de las Cortes Valencianas reconoce con claridad la facultad de los parlamentarios valencianos de solicitar a la administración del Estado «la documentación que consideren que afecta, de alguna forma, a la Comunitat Valenciana. Y hay sentencias del TSJCV que así lo corroboran y obligan a la Delegación del Gobierno a atender el requerimiento».