Víctimas de la dana acudirán al Congreso en dos semanas y Mazón irá el 17 de noviembre

El plan de trabajo ha salido adelante con el apoyo de sus firmantes (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís) mientras que el PP y Vox, que ya rechazaron la apertura de la investigación, han votado en contra. Este plan contempla 126 solicitudes de documentación y vídeos del día de autos, y una lista de un total de 127 comparecencias que se encargará de cerrar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El plan de divide en tres fases, una primera analizará los aspectos relativos a la prevención, la segunda se centrará en la gestión de la emergencia y la tercera, en la respuesta posterior y la atención a las víctimas. En principio, la comisión contará con un año para analizar el asunto y redactar sus conclusiones, aunque este plazo podrá ampliarse.

La mesa de la comisión ha decidido que las primeras comparecencias, reservadas a las víctimas se celebren entre el 4 y el 6 de noviembre. Además, se ha acordado un formato especial para que estén lo más cómodas posible: cada una podrá hablar durante 15 minutos, después cada grupo contará con cinco minutos para formulas preguntas, y los comparecientes tendrán otros 15 minutos para contestar.

En nombre de las víctimas comparecerán Rosa María Álvarez Gil, Mari Carmen Gil Sánchez, Ernesto Martínez Alfaro, Dolores Ruiz Sánchez, Manuel Cristian Lesaec Catala, Alejandro Carabal López, Verónica Vicent Baquero, Antonia García García, Josep Ignasi Carpio Espí, María Amparo Puchades Giner, María Dolores Gradolí Sandemetrio, María Teresa Pagán Romero, Elisabeth González Peralta.

Tras recabar el testimonio de las víctimas, la comisión recibirá al presidente de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón, el día 17 de noviembre, ya con un formato normal, de pregunta-respuesta, por espacio de 20 minutos con cada grupo parlamentario.

Después será el turno de la exconsejera de Emergencia Salomé Planas, imputada por la jueza de Catarroja que instruye la causa, aunque aún no se ha fijado fecha para su interrogatorio.

También se prevé citar a los jefes de Gabinete de ambos, a la periodista Maribel Vilaplana, con quien Mazón comió el día de la tragedia en el restaurante 'El Ventorro', y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que figura como el compareciente número 19.

El listado contempla también interrogatorios a escoltas de Mazón, el responsable de 'El Ventorro' y distintos consellers y cargos de la Generalitat; la exministra de Transición Ecológica y ahora comisaria europea, Teresa Ribera; alcaldes y alcaldesas de municipios afectados, y responsables de organismos dependientes del Gobierno Central como Protección Civil, Guardia Civil, la Policía, la Unidad Militar de Emergencias, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Además la patronal, los sindicatos valencianos, responsables universitarios y de la televisión autonómica, se prevé llamar a Sánchez y siete de sus ministros, entre otras muchas personas.

En rueda de prensa, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha destacado que el PSOE «no ha tenido más remedio que ceder» y acabar aceptando la inclusión de Sánchez en el listado de comparecientes porque no se podía llegar al aniversario de la catástrofe sin que arrancase la comisión.

Desde Sumar, su portavoz, Verónica Martínez Barbero, ha mostrado su deseo de que la investigación sirva para conocer la «verdad», avanzar en la «justicia y reparación» de las víctimas y señalar la «responsabilidad política de quienes fallaron estrepitosamente en la gestión de la emergencia», empezando por Mazón, al que ha pedido que tenga «la decencia» de no ir al funeral del Estado del próximo día 29 y dimita.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha reclamado que la comisión contribuya a «depurar todas las responsabilidades». Y es que, a su juicio, hubo una «desidia evidente» y una «dejadez y despreocupación absoluta» por parte de la Generalitat, pero también «mala fe» por parte del Gobierno central, al que Vox llevó a los tribunales por no haber aplicado la ley de Seguridad Nacional «por motivos políticos».