La última treta del socio de Francis Puig: a la fiscal se le pasó el plazo para acusar

La Fiscalía, en cambio, ha pedido la suspensión de los plazos al reclamar la incorporación de determinada documentación, clave para formular su acusación, que no figuraba en el expediente judicial. Ese escrito ha sido aprovechado por el otro procesado, el socio de cabecera de Francis Puig, para alegar que a la Fiscalía se le ha pasado el plazo y ya no puede acusar.

La letrada sostiene que en el auto del 31 de enero de 2025 se dieron diez días para presentar los escritos de acusación. No aclara en qué fecha se le notificó de manera efectiva a la Fiscalía ya que las comunicaciones no se realizan por el método automático de Lexnet y, por tanto, suelen tardar varios días más. Pero, según su relato, existe una providencia en el juzgado en el que se informa de que en fechas 7 y 11 de febrero la causa estaba físicamente en Fiscalía y por eso las partes no podían tener acceso al material físico.

En ese cómputo de la defensa, el último día para presentación de la acusación sería el pasado 27 de febrero. Pero, en cambio, consta un escrito de la acusación pública del 10 de marzo donde pide la suspensión de los plazos. Una solicitud que se considera extemporánea por el investigado. «Ello tiene una consecuencia procesal muy relevante. A la Fiscalía le ha precluído el plazo para presentar escrito de acusación, no siendo además dicha falta de presentación subsanable».

La letrada de Adell Bover se opone a que el juzgado acepte a partir de ahora el citado escrito. «Sería contraria al principio de seguridad jurídica que, como suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, proclama la Constitución Española».

La defensa del empresario sostiene que, de acuerdo a la ley, el plazo común es para todas las partes. Pero la realidad es que ese periodo de diez días no resulta vinculante para la Fiscalía o no al menos con idéntica exigencia que para el resto de partes. Existen numerosas circulares del ministerio fiscal donde se admiten licencias temporales por la acumulación de trabajo de un mismo profesional. Esto avalaría la actuación del ministerio fiscal.

La causa sumará en breve a un nuevo invitado. Fuentes de la Generalitat Valenciana confirmaron el pasado viernes que se personarán para acusar a Francis Puig y su socio de cabecera que, en su momento, configuraron el conocida como el cártel de las productoras. Las mercantiles fueron sorprendidas en un pacto de precios para repartirse las corresponsalías de Á Punt. Fue la propia cadena la que denunció. Competencia les impuso una multa de 42.000 euros.