La última del Botánico: quita 4 millones de las ayudas a la cerámica para poder pagar la luz de los juzgados

Uno de los últimos acuerdos adoptados, con fecha del pasado viernes y publicado en el DOGV de este martes, certifica el drama económico que atraviesa la administración autonómica. Una transferencia de créditos entre capítulos con carácter urgente... para poder pagar la luz.

El acuerdo es una resolución que lleva la firma de la conselleria de Hacienda que dirige en funciones Arcadi España. La autorización de «una transferencia de crédito entre secciones, del capítulo 4 del Programa 612.60, Gastos diversos, al capítulo 2 del programa 141.10, Administración de justicia, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por importe de 4.300.000 euros».

La traducción de este enrevesado título es sencilla. Hacienda tramita el cambio de destino de 4,3 millones de euros. ¿Que de dónde salen? Pues de la «minoración de disponibilidades existentes (...) de la línea de concurrencia competitiva S1291, 'Ayudas para compensar el impacto por el incremento del coste energético'».

Se trata, por tanto, de la línea de ayudas aprobada por el Gobierno valenciano para el sector cerámico, afectado en primera persona por el alza de precios, la crisis de la guerra de Ucrania y los problemas de suministro de gas. Las ayudas para la cerámica han sido una reivindicación del sector, que ha estado esperando meses y meses a su llegada. Y que ahora ve cómo se le recortan más de 4 millones.

¿Y para qué es ese dinero? Pues simple y llanamente para pagar la luz. Exactamente, «la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública plantea la necesidad de incrementar la dotación del capítulo 2 del programa 141.10, Administración de justicia, ya que la dotación del citado capítulo resulta insuficiente de acuerdo con la previsión de gastos efectuada para lo que resta del ejercicio 2023, especialmente en los relacionados con la energía eléctrica de las sedes judiciales, cuya previsión asciende a 4.300.000 euros».

Es decir, falta dinero para pagar la luz de los juzgados, y el Consell decide tomarlo de las ayudas a la cerámica porque ese importe «no va a ser ejecutado durante el presente ejercicio, no está afecto a compromisos pendientes, ni presenta financiación condicionada». Es decir, porque no se iba a utilizar y no pasaba nada por no utilizarlo.

Con todo, casi tan llamativo como el origen de esos 4,3 millones de euros es el destino. Tener que recuperar esa cantidad para atender los gastos vinculados a «la energía eléctrica de las sedes judiciales» retrata una incapacidad financiera manifiesta, sólo entendible si se recuerda el drama de las grandes magnitudes financieras del Botánico, que deja una deuda de 55.400 millones, un déficit de 3.800 millones y un desequilibrio patrimonial de otros 3.200 millones.

No tener ni para pagar la luz no es exactamente una novedad para el Gobierno valenciano, pero si para el Botánico. En el último Gobierno de Alberto Fabra también se llegó a atravesar una situación de penuria económica que incluso puso en peligro el suministro eléctrico del propio Palau de la Generalitat.