La UCO recopila los indicios de que el socialista Rafa Rubio cobró una comisión de al menos 300.000 euros

Los agentes han confirmado los indicios de que el exlíder socialista Rafa Rubio, en su momento portavoz municipal del PSPV y más tarde subdelegado del Gobierno, pudo percibir una comisión de 300.000 euros pero que no descartan que fuera incluso de 750.000 euros. Se trata del segundo informe en una semana que directamente afecta a altos cargos socialistas tras el dosier que presentaron sobre las relaciones entre Ábalos, Koldo y Santos Cerdán.

Los agentes recuerdan que las iniciales de Rafa Rubio aparecen en un documento en el que se recogen los costes de la operación y unas cantidades. Esos importes se fijaron, según la UCO, en una reunión en la que participaron Jaime Febrer, Miguel Montoro y Federico Ferrando, empresarios vinculados con Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI), el holding que impulsaba la operación. En una primera entrega se le dieron a Rubio 100.000 euros, según la UCO.

Los agentes señalan que la entrega se hizo en efectivo. Desde mediados de 2007, existen dos circunstancias que hacen sospechar del papel poco claro de Rafa Rubio, exsubdelegado del Gobierno en Valencia que hoy trabaja como funcionario en el Ayuntamiento. Por un lado, el alquiler de una caja de seguridad en una oficina del BBVA en la plaza del Ayuntamiento. Por otro, una serie de ingresos en efectivo que ascienden a 197.000 euros. Todas estas aportaciones se repiten con intensidad de 2007 a 2010. Además, todas las aportaciones son menores de 3.000 euros para evitar las alarmas bancarias ante prácticas de blanqueo. Y sorprende que se hagan incluso en días consecutivos, subrayan los agentes.

Otro dato que no pasa desapercibido para los investigadores es el resultado de cruzar las visitas a la caja de seguridad con las aportaciones en efectivo de las cuentas bancarias. Por ejemplo, de las 24 ocasiones en las que se acudió al citado depósito, ese mismo día o en jornadas posteriores se efectúa un ingreso en efectivo. En 77 supuestos fue el propio Rubio el que llevó el dinero al banco, según la información recopilada en el dosier.

La UCO sospecha que el ex líder socialista y su mujer, que también era titular de la caja de seguridad, escondieron allí el dinero de la supuesta comisión. Rafa Rubio todavía no ha dado su versión de este delicado asunto en sede judicial.

No es el único cargo con vinculaciones con el PSPV que aparece señalado en el dosier de la Guardia Civil. José Luis Vera, magistrado y abogado y casado con una diputada del PSOE, es presuntamente otro de los destinatarios de comisiones ilícitas. Su situación, no obstante, no resulta tan complicada como la de Rubio. La UCO mantiene que Vera recibió 100.000 euros por determinadas gestiones en esta operación, aunque no se concretan cuáles. Existen dos facturas del abogado a Construcciones Valencia Constitución (CVC), la mercantil de cabecera de Jaime Febrer. ◦

Los importes de estas facturas fueron de 45.000 euros y 55.000 euros. (factura 2/2007), sumando un total de 100.000 euros sin IVA. Los agentes sospechan del cambio de concepto de esas facturas. Una de ellas, vinculada originalmente a la operación urbanística «Desierto de Las Palmas», termina siendo un estudio de permuta y gestión urbanística para la construcción de un centro comercial en Burjassot, proyecto que finalmente fracasó. De igual modo, le atribuyen otra mordida a través de Somola Tres, sociedad de un especialista en urbanismo que había trabajado en el pasado con Vera y Virgilio Latorre, el que fuera abogado de cabecera del PSPV.

El informe de la UCO se concentra esta vez sobre los dirigentes socialistas, aunque el papel de Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia en la etapa de Rita Barberá fue clave, según los análisis de la UCO. Los investigadores le imputan el cobro de un millón de euros, la mayor de las supuestas comisiones. Parte de ese capital habría sido desviado a Estados Unidos donde reside una hija del político popular.