Tres juzgados investigan presuntos delitos de financiación ilegal de PSPV y el Bloc

La denuncia la interpuso en 2016 la dirección regional de los populares ante la Policía Nacional, como desveló ayer el diario El Mundo, un año después de perder el poder en la Generalitat y la gran mayoría de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. El Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre la supuesta financiación ilegal de los socialistas y de los nacionalistas entre 2007 y 2011. Fue el PP, según reconoció ayer su secretaria general, Eva Ortiz, el que llevó ante la Policía Nacional documentación que les llegó de forma anónima sobre relaciones de empresas con estas formaciones políticas.

Tras practicar distintas diligencias, y con el informe favorable de la fiscalía provincial, el pasado mes de enero el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia se declaró no competente para proseguir con la investigación. Según el TSJ, había quedado descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia. De ahí que la juez se inhibiera en favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, donde sigue abierta la investigación.

Las pesquisas en estos tres juzgados se halla bajo secreto de sumario, aunque sí se conoce, según las fuentes consultadas, que en Gandia y Madrid se sigue la pista de las relaciones de un conjunto de empresas radicadas en la Ciudad Ducal, Crespo Gomar, a la que se le relaciona con la financiación irregular del PSPV. El Gobierno de Rodríguez Zapatero le adjudicó entre 2008 y 2009 contratos por valor de cerca de tres millones de euros. El mayor de ellos llegó de la mano de la Dirección de Consumo, del Ministerio de Sanidad. Consumo lo dirigía Etelvina Andreu, a quien Crespo Gomar organizó actos de partido cuando era candidata al Ayuntamiento de Alicante en 2007, según las mismas fuentes. El contrato fue de 2,2 millones de euros.

Y Aguas del Júcar, por ejemplo, adjudicó a la misma empresa relacionada con el PSPV gandiense el diseño, la producción y el plan de comunicación de las actuaciones de las infraestructuras hidráulicas por un total de 234.700 euros. También se hizo con la difusión del Plan de Vivienda 2009-2012 por 148.000 euros. Sanidad, en diciembre de 2008, le adjudicó por 200.000 euros una campaña de consumo responsable.

La empresa Crespo Gomar presentó concurso de acreedores en 2011, cuando el PP desalojó de la alcaldía a José Manuel Orengo. La citada empresa era propiedad del hijo de un concejal socialista de Gandia y en ella trabajó Josep Ramon Tiller, que fue jefe de gabinete de Lerma en la Generalitat y de Pepa Frau y Orengo como alcaldes de Gandia. Tiller fue miembro de la candidatura del PSPV en Castellón en los 90 y ocupó la cúpula de Imelsa, empresa de la Diputación de Valencia, al principio de la actual legislatura de la mano de José Manuel Orengo. Desde el Palau de la Generalitat señalaron que Puig no tiene previsto hablar con Orengo de este asunto porque ni siquiera está imputado.

En Gandia, con Orengo como alcalde y Alfred Boix como concejal y diputado provincial -al parecer firmó alguna factura que otra a esta firma-, la empresa de Crespo Gomar recibió numerosas adjudicaciones, como el logotipo del V Centenario del nacimiento de San Francesc de Borja, pese a no ser la oferta más barata. Y uno de los primeros en reaccionar ayer en Les Corts fue Alfred Boix, que en los pasillos de Les Corts aseguró que él no sabía nada de esto.

El portavoz parlamentario y vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, reconoció que están preocupados y crearán una comisión para recopilar la documentación de ese año para ponerla a disposición del juzgado si lo requiere. Consideró que la información «es muy grave» y lo que publicado «seguramente es cierto», reconoció. Añadió que esto «forma parte de una estrategia del PPCV para liberarse de sus problemas» pero añadió que el PSPV «va a hacer lo posible para aclarar esta cuestión».

El que era secretario general del Bloc entre 2007 y 2011, y actualmente presidente de Les Corts, Enric Morera, mostró su «sorpresa» por la apertura de la investigación y pidió «tranquilidad» hasta en tres ocasiones diferentes. Morera destacó que en política «todo no vale. Creo que ensuciar el nombre de una organización modélica que no tiene ningún imputado desde sus 20 años de trayectoria, como es el Bloc, no es correcto».

La líder de Compromís y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se encargó de marcar distancias con el Bloc, el principal partido de la coalición. Aseguró que no ve que tenga relación con Compromís la investigación judicial sobre la presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc. «Compromís se fundó muchos años después de este periodo», dijo.

Por su lado, el secretario general de Podemos de la rama valenciana, Antonio Estañ, afirmó que pedirán explicaciones al PSPV y Compromís y advirtió de que esta investigación puede afectar al pacto de gobierno con ambas formaciones pues «pone en riesgo la legitimidad de determinados partidos» a la hora de mantener el discurso del Botànic y «pone en riesgo los avances conseguidos».

La popular Eva Ortiz, por su parte, aseguró que el PP se personará en la causa y que tenía «mucho interés en saber» qué explicaciones iban a dar Ximo Puig y Mónica Oltra, «que tantas lecciones de moralidad y ética han dado al PP».

Mari Carmen Sánchez, portavoz de Cs, exigió explicaciones «cuanto antes» al PSPV y Compromís y calificó de «paradójica» la investigación judicial de socialistas y nacionalistas después de las graves acusaciones que durante años ambos «han vertido sobre la nefasta gestión del PP».